Querétaro sigue negando derechos: la urgencia de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo

Querétaro es, una vez más, un estado donde los derechos no llegan a tiempo. Mientras el país avanza en el reconocimiento de la autonomía de las mujeres y personas gestantes, la legislación queretana sigue anclada en el pasado, negando un derecho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha dejado claro que debe garantizarse: la interrupción voluntaria del embarazo en los servicios de salud pública.

El diputado Arturo Maximiliano García ha presentado una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado de Querétaro con el objetivo de corregir esta omisión histórica. Sin embargo, la propuesta sigue sin ser discutida en la comisión correspondiente. ¿Cuánto más se va a dilatar un debate que ya no tiene margen de negociación? La SCJN ha sido contundente: no es un favor ni una concesión, es un derecho constitucional.

El mandato de la Suprema Corte: Querétaro no puede seguir evadiendo su responsabilidad

El fallo más reciente del Máximo Tribunal deja en claro que todas las autoridades locales del sector salud tienen la obligación de garantizar el acceso a servicios de interrupción del embarazo. Es un mandato derivado de la Constitución, los tratados internacionales y la Ley General de Salud. No es opcional. No es debatible. Es una obligación que Querétaro sigue ignorando.

El comunicado de la SCJN publicado el 25 de febrero de 2025 lo establece con claridad:

> “…resulta claro que las autoridades locales del sector salud tienen la obligación de implementar, difundir y organizar los servicios de salud para garantizar específicamente el acceso al aborto electivo o voluntario.”

A pesar de esto, en Querétaro las mujeres siguen enfrentando obstáculos burocráticos, amenazas legales y, en muchos casos, se ven obligadas a buscar alternativas clandestinas que ponen en riesgo su vida y su bienestar.

Las razones por las que Querétaro debe reformar su legislación ahora

✅ Porque Querétaro sigue negando derechos

Mientras otros estados han armonizado sus leyes con el criterio de la Corte, Querétaro sigue sin garantizar el acceso a la interrupción del embarazo en hospitales públicos. Esto no solo es una violación de derechos humanos, sino que perpetúa la desigualdad y pone en riesgo la vida de quienes no tienen recursos para acceder a servicios privados.

✅ Porque ninguna entidad federativa puede ignorar la Constitución

El precedente legal es claro: ningún estado puede bloquear el acceso a este derecho. Sin embargo, en Querétaro, al no legislar, las personas gestantes deben recurrir a amparos para acceder a lo que ya debería estar garantizado. Es la misma historia de siempre: derechos reconocidos en los tribunales, pero negados en la práctica por falta de voluntad política.

✅ Porque la criminalización no evita abortos, solo los hace más peligrosos

Negar el acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo no reduce el número de abortos, solo los empuja a la clandestinidad. Esto pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres, especialmente de las más vulnerables. Es un problema de justicia social y de salud pública que no puede seguir siendo ignorado.

✅ Porque Querétaro no puede seguir rezagado

Mientras en otras entidades ya se garantiza este derecho con servicios médicos gratuitos y seguros, Querétaro sigue aferrado a una postura que desconoce la realidad y vulnera los derechos de su ciudadanía. El Congreso del Estado tiene la obligación de actuar y reformar la ley de salud sin más demora.

Un derecho que no se garantiza es un derecho que se niega

No legislar es negar derechos. No garantizar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en hospitales públicos es condenar a muchas mujeres a la desesperación, la injusticia y el riesgo. El Congreso del Estado de Querétaro debe dictaminar y aprobar esta reforma sin más dilación.

Los derechos no se negocian, se garantizan. Es hora de que Querétaro lo entienda.