Que los Programas Sociales No Sean Moneda de Cambio: Una Urgencia Constitucional

En el marco de la discusión pública sobre el papel de los programas sociales, El Diputado Local Arturo Maximiliano nos plantea una preocupación legítima y urgente: evitar que estos mecanismos, diseñados para atender a los sectores más vulnerables de la sociedad, se conviertan en herramientas coyunturales sujetas a intereses políticos., por eso en compañía de la Diputada Claudia Gayou  del Partido del trabajo y del Diputado Paul Ospital de MC  se plantea una reforma con una intención clara: que los programas sociales locales, nacidos de necesidades específicas, no se queden en promesas temporales de gobierno, sino que se conviertan en derechos constitucionales.

Los gobiernos estatales tienen la atribución y la responsabilidad de identificar carencias dentro de sus territorios y, en consecuencia, diseñar programas sociales que atiendan esas necesidades. Esta capacidad de respuesta es positiva y complementaria a los programas federales ya establecidos —algunos de ellos reconocidos en la Constitución—, y no debe ser vista como una competencia, sino como una suma de esfuerzos.

Lo que se propone ahora es dar un paso más allá: que esos programas no queden sujetos a la voluntad de la administración en turno. Que, una vez reconocida una necesidad, se convierta en un derecho. Es decir, que su continuidad y acceso no dependa del color político del gobierno ni de criterios discrecionales, sino que estén garantizados por ley para cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos establecidos.

Un ejemplo exitoso es la pensión para personas adultas mayores. Este apoyo, al estar reconocido como un derecho constitucional, es accesible para cualquier persona que cumpla con la edad estipulada, sin importar afiliación política, condición social o ideológica. No se negocia, no se condiciona. Así deben ser todos los programas sociales: universales, incluyentes y blindados de intereses partidistas.

Transformar programas en derechos es una medida de justicia social. Es reconocer que las necesidades humanas no son temporales ni electoreras. Convertir estos apoyos en derechos constitucionales es, al mismo tiempo, reconocer la dignidad de las personas y la obligación permanente del Estado para atenderlas.

Los programas sociales no deben ser moneda de cambio. Deben ser el reflejo de una política pública ética, justa y duradera.