Abuso de poder, corrupción y represalias: el caso de Gabriel, Betsy y la persecución desde El Marqués

Entrevista con David Smeke

En un testimonio estremecedor que revela el rostro más oscuro del abuso de poder institucional, Gabriel un ciudadano de El Marqués y Betsy activista y defensora de los derechos animales, han denunciado públicamente una cadena de arbitrariedades cometidas por funcionarios municipales y cuerpos de seguridad local. Todo comenzó con la detención violenta de un perro llamado Gus. Terminó en detenciones ilegales, represalias laborales, amenazas de muerte y un ambiente de terror alimentado por el aparato público.

La historia de Gabriel el dueño de mascota a “delincuente”

Gabriel relató cómo, al llegar a su domicilio, encontró a personal del Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA) intentando llevarse a su perro. La situación escaló rápidamente cuando, al cuestionar a los agentes, fue agredido físicamente por la espalda, esposado sin explicación, y trasladado por policías municipales. Según su testimonio, pasó 24 horas detenido y fue acusado falsamente de haber lesionado a tres oficiales, aunque apenas podía levantarse por los golpes que había recibido.

“No hubo un ‘por qué’, ni una orden, ni un argumento. Simplemente me tiraron, me esposaron y me trataron como si fuera un criminal”, narró Gabriel.

Días después, la pesadilla continuó a pesar de denunciar los hechos ante la Comisión de Derechos Humanos y la Fiscalía Anticorrupción, Gabriel asegura no haber recibido seguimiento alguno. En cambio, fue contrademandado por los mismos oficiales implicados en su detención, incluido Oscar Valdemar, quien presuntamente fue el primero en agredirlo.

El costo personal ha sido alto: su padre, de 71 años y trabajador del municipio, fue despedido sin indemnización poco después de los hechos. Su madre, también empleada pública, vive con el temor constante de sufrir la misma suerte. Para Gabriel, las represalias han sido claras y directas.

Betsy: la voz que incomodó al poder

Betsy, una reconocida animalista del municipio, decidió intervenir al ver el trato violento que recibía el perro Gus. Se comunicó con Gabriel para ofrecer ayuda legal y apoyo para recuperar al animal, sin saber que estaba a punto de convertirse en blanco de una persecución sistemática.

Días después de su intervención, recibió una llamada del entonces director del IMPA, Israel Luna, en la que fue directamente amenazada:

“Bájale a tu desmadre o te vamos a desaparecer… a ti o a tu hija”.

Betsy madre de una niña de cuatro años ha vivido desde entonces bajo vigilancia, con patrullas fuera de su domicilio, amenazas físicas, e incluso persecuciones vehiculares encabezadas por funcionarios municipales como Oscar Valdemar. Tuvo que acudir a instancias estatales y a la Fiscalía de la Mujer para obtener medidas cautelares, que hoy la protegen parcialmente.

“Yo tengo miedo. Mucho miedo. Pero si no levanto la voz, esto no se va a detener. No quiero ser una más. No quiero aparecer muerta por denunciar”, confesó, visiblemente afectada.

Funcionarios bajo la lupa

Israel Luna, director del IMPA, ha sido señalado previamente por violencia de género y presunta corrupción dentro del instituto. Su nombre aparece constantemente en las denuncias interpuestas tanto por Gabriel como por Betsy. La situación ha llegado incluso a la sesión de Cabildo del municipio, donde el regidor Juan Carlos denunció públicamente el historial de abusos del funcionario y exigió su remoción.

“El presidente municipal Rodrigo Monsalvo tiene conocimiento de estas irregularidades y no ha actuado. Esto mancha su administración. No podemos permitir que se amedrente a los ciudadanos desde el poder”, declaró el regidor en entrevista.

Un municipio sin control ciudadano

Más allá del caso puntual de Gabriel y Betsy, este episodio expone la debilidad institucional del municipio de El Marqués: detenciones arbitrarias, represalias laborales, falta de control en los cuerpos de seguridad, y una alarmante ausencia de voluntad política para corregir el rumbo.

Activistas y ciudadanos han intentado llevar el caso ante el gobernador Mauricio Kuri, sin obtener respuesta clara. Las reformas al reglamento municipal en materia de protección animal han sido bloqueadas, y los refugios siguen operando en condiciones precarias.

Un llamado urgente a la justicia

Gabriel, Betsy y cientos de ciudadanos más piden justicia, protección y un alto a las represalias. La ciudadanía se enfrenta no solo a la indiferencia institucional, sino también a una estructura de poder que parece haber olvidado su razón de ser: servir a la gente.

“No podemos vivir con miedo. No podemos permitir que funcionarios públicos se conviertan en amos de la ley. Esto no es solo por un perro. Es por la dignidad de todos”, concluyó Betsy.

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