De una denuncia por maltrato animal a una red de amenazas, el caso que sacude en el municipio El Marqués, Querétaro

Querétaro, Qro. 18 de diciembre del 2025

Lo que inició como una denuncia por presunto maltrato animal terminó por convertirse en un entramado de acusaciones por abuso de autoridad, amenazas, intimidación y posibles irregularidades administrativas en el municipio de El Marqués. El caso, que involucra a ciudadanos, activistas, un regidor y funcionarios municipales, ha derivado ya en al menos tres denuncias formales ante distintas instancias y mantiene en alerta a colectivos de protección animal y defensores de derechos ciudadanos.

El origen: Gus, el perro asegurado

Todo comenzó el 3 de abril, cuando Gus, un perro que vivía desde hace más de una década con su familia, fue asegurado por personal del Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA). Su dueño, Gabriel, relata que el procedimiento fue violento y desproporcionado: policías municipales lo sometieron frente a su familia, lo tiraron al suelo y lo detuvieron, acusándolo posteriormente de “lesiones calificadas” contra tres oficiales, pese a que —asegura— existen videos donde se observa que nunca agredió a nadie.

Gus fue retirado del domicilio sin que, según los denunciantes, se realizara una investigación adecuada. Días después, para recuperar al animal, a la familia se le exigió un pago superior a los siete mil pesos, desglosado en conceptos como “combustible”, “alimento” y “vacunas”, aun cuando el perro contaba con cartilla y cuidados previos. El animal fue devuelto con signos visibles de estrés, pérdida de peso y afectaciones físicas.

Irregularidades y denuncias extraviadas

Gabriel presentó denuncias ante la Fiscalía; sin embargo, afirma que pruebas clave —entregadas en una memoria USB— desaparecieron de su carpeta de investigación. Aunque existe constancia de que el dispositivo fue recibido, los archivos no aparecen integrados al expediente. Una audiencia programada para noviembre fue suspendida por la ausencia del fiscal encargado del caso.

“Es como si las pruebas se hubieran esfumado”, señaló el afectado, quien asegura que la evidencia ahora estaría siendo utilizada en su contra.

La escalada: amenazas y persecuciones

El caso tomó un giro aún más grave cuando Betsy, activista reconocida por su labor en defensa de animales en Querétaro y particularmente en El Marqués, comenzó a denunciar amenazas tras acompañar y visibilizar el caso de Gus. De acuerdo con su testimonio, fue perseguida en al menos dos ocasiones por una camioneta oficial, recibió mensajes intimidatorios y fue citada mediante engaños para atender un supuesto rescate animal.

En uno de esos hechos, Betsy y Gabriel acudieron a un punto donde supuestamente había un cachorro abandonado. En el lugar encontraron imágenes impresas con los rostros de activistas, ciudadanos y un regidor, junto a la fotografía de un perro cubierto con pintura roja simulando sangre, acompañada de un mensaje amenazante. El hecho fue denunciado ante la Fiscalía de la Mujer, donde Betsy solicitó medidas de protección.

“Sentí que me iban a matar. No se lo deseo a nadie”, relató la activista, quien responsabilizó directamente a funcionarios del IMPA y a personas que, desde redes sociales, han encabezado campañas de desprestigio y ataques en su contra.

El Cabildo y la exigencia de rendición de cuentas

Juan Carlos, regidor del Ayuntamiento de El Marqués, confirmó que ha acompañado a los denunciantes desde los primeros hechos y que el tema ha sido llevado al Cabildo. Señaló presuntas irregularidades en los cobros del IMPA, falta de sustento legal en los montos exigidos y condiciones inadecuadas en las instalaciones donde resguardan animales, incluidos caballos.

El regidor informó que ya se presentaron denuncias ante la Auditoría Superior Municipal y que solicitó formalmente la separación del cargo de funcionarios involucrados. También reveló que familiares de Gabriel habrían sido presionados para grabar videos “agradeciendo” a autoridades municipales a cambio de su liberación.

“No es un tema político, es una función pública: atender a la ciudadanía cuando denuncia abusos”, sostuvo.

Más voces, más señalamientos

A las denuncias se sumó el presidente de una asociación civil de rescate animal, quien aseguró haber recibido mensajes de amenaza tras participar en manifestaciones públicas. Incluso denunció que el municipio retiró apoyos previamente acordados para el riego de árboles reforestados por su organización, lo que puso en riesgo más de 200 ejemplares.

Todos los involucrados coincidieron en un punto: el caso ya rebasó el ámbito administrativo y se convirtió en un asunto de seguridad y gobernabilidad.

Exigen intervención inmediata

Los denunciantes hicieron un llamado urgente al presidente municipal de El Marqués, al Gobierno del Estado y a la Fiscalía General para que se investiguen los hechos, se brinden medidas de protección y se frene lo que califican como una escalada peligrosa de intimidación.

“Esto empezó con un perro. Hoy hay amenazas de muerte. Mañana puede ser una tragedia”, advirtieron.

Mientras las investigaciones avanzan —o se estancan—, Gus ya está de vuelta en casa. No obstante, su caso se ha convertido en el símbolo de una denuncia mucho más amplia: la de ciudadanos que exigen que la protección animal no sea excusa para abusos, cobros irregulares ni amenazas, y que alzar la voz no se pague con miedo.

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