Nueva Comisión de Fiscalización abre el debate sobre once años de opacidad en las cuentas públicas de Querétaro

Carlos Renteria-Analista Político en Entrevista con David Smeke

Tras más de una década en la que la revisión de las cuentas públicas se realizó de forma incompleta, la Legislatura del Estado puso en marcha una nueva Comisión de Fiscalización, con el objetivo de transparentar el uso de los recursos públicos y corregir irregularidades en el procedimiento seguido durante los últimos once años.

La comisión, presidida por la diputada Claudia Gayou, inició formalmente sus trabajos con la presentación de un Consejo de Asesores Ciudadanos, integrado por especialistas independientes que no reciben remuneración ni mantienen vínculo laboral con el Poder Legislativo. La decisión ha generado un intenso debate político, particularmente por los primeros hallazgos expuestos en un informe estadístico preliminar.

De acuerdo con lo presentado, dicho informe —elaborado a partir de datos públicos de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE)— muestra un patrón de falta de imparcialidad en las auditorías, al concentrar un mayor número de observaciones y procedimientos en municipios gobernados por fuerzas políticas de oposición, mientras que otros ayuntamientos con presupuestos significativamente mayores registran un número reducido de señalamientos.

Reconocimiento tácito de un procedimiento irregular

Especialistas y consejeros señalaron que la creación de esta comisión implica un reconocimiento tácito y legal de que el procedimiento seguido durante once años fue incorrecto. En ese periodo, los informes de fiscalización no fueron revisados ni dictaminados por la Legislatura, como lo establece la ley, sino que se publicaban directamente en el Periódico Oficial La Sombra de Arteaga, dando por concluido el proceso sin intervención del Congreso.

Con el nuevo esquema, la Legislatura retoma su facultad constitucional de revisar las cuentas públicas, evaluar la legalidad, imparcialidad y objetividad de los informes de la ESFE, y determinar si el gasto público se ejerció conforme al presupuesto aprobado y si los programas generaron beneficios reales a la ciudadanía.

Acceso a información pública y señalamientos políticos

Uno de los principales cuestionamientos de legisladores opositores a la comisión fue que los asesores ciudadanos tendrían acceso a información “confidencial”. Sin embargo, expertos aclararon que toda la información utilizada en las auditorías es pública, salvo datos personales protegidos por la ley, como domicilios o información sensible de particulares.

Asimismo, se recordó que la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que las comisiones se consideran legalmente instaladas desde el momento en que se designa a su presidencia, por lo que no existe irregularidad en su funcionamiento ni en el nombramiento de asesores.

Observaciones relevantes y posibles revisiones

El análisis preliminar también evidenció diferencias significativas en el número y tipo de observaciones realizadas a distintos entes públicos. En particular, se destacó el caso de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), que recibió un número inusualmente alto de observaciones, situación que especialistas calificaron como inédita y preocupante.

De acuerdo con la normatividad vigente, la Comisión de Fiscalización tiene la facultad no solo de validar, sino también de modificar los informes de fiscalización, lo que incluye retirar observaciones sin sustento legal o incorporar nuevas, cuando existan elementos que no hayan sido considerados por la ESFE.

Fiscalización como ejercicio público y político

Los integrantes del Consejo defendieron que la fiscalización, aunque técnica en su ejecución, tiene un componente jurídico y político, al tratarse de la revisión del uso de recursos públicos autorizados por representantes populares. En ese sentido, subrayaron que abrir el proceso al escrutinio ciudadano fortalece la rendición de cuentas y evita el uso faccioso de la fiscalización con fines partidistas.

Finalmente, se destacó que la participación ciudadana y el acceso a la información pública serán claves para detectar irregularidades en tiempo real, mediante denuncias formales que permitan a la ESFE intervenir sin esperar el cierre anual de las cuentas públicas.

La puesta en marcha de esta comisión marca un punto de inflexión en la fiscalización estatal y abre un debate de fondo sobre la transparencia, el control del gasto y el papel del Congreso como representante de la soberanía popular.

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