Más dudas que justicia: La Reforma judicial en Querétaro: 

Un nuevo capítulo se escribe en la ya impredecible Legislatura LXI de Querétaro. Esta vez, con la votación de la Reforma al Poder Judicial: una discusión que tardó más de un año en llegar al pleno, pero que, curiosamente, se aceleró en cuestión de semanas cuando el gobernador Mauricio Kuri decidió presentar su propia iniciativa.

La memoria política no es tan corta. Hubo resistencia, hubo declaraciones firmes e incluso frases que marcaron postura, como aquella del panista Guillermo Vega: “prefiero estar en desacato”. ¿Qué cambió entonces? ¿El fondo de la reforma… o la conveniencia de impulsarla?

El gobernador la ha defendido como una propuesta “a la queretana”: moderna, avanzada y alineada con el marco federal. Pero más allá del discurso, el ejercicio ciudadano —y periodístico— obliga a cuestionar. No necesariamente el fondo, que ya de por sí es complejo y poco accesible para la mayoría de la ciudadanía, sino la forma. Porque ahí es donde surgen las inconsistencias.

El fondo, en esencia, no es distinto: la elección de jueces y magistrados mediante voto ciudadano. Ese es el núcleo de la reforma federal y también el de la versión estatal. Sin embargo, a diferencia de otros temas que detonaron movilización social —como el caso del Batán—, aquí no hubo un debate amplio. Quizá porque explicar esta reforma implica adentrarse en un terreno técnico que dificulta la apropiación ciudadana. Y eso, en política, también es una forma de control.

Pero las preguntas son inevitables.

¿Por qué el Ejecutivo estatal pasó de rechazar la reforma a impulsarla activamente? El propio Mauricio Kuri reconoció en su momento no estar de acuerdo, aunque consideraba obligatorio participar en su implementación tras su aprobación federal. ¿Qué ocurrió entonces para que ahora no solo la respalde, sino que la encabece?

¿Por qué el Poder Judicial local —el principal involucrado— no presentó una propuesta propia? ¿No son ellos quienes mejor conocen las necesidades, riesgos y ajustes que requiere una reforma de esta magnitud?

Y en el Legislativo, las inconsistencias se multiplican. ¿Cómo es posible que una reforma que permaneció congelada por más de un año se haya procesado en apenas un mes? ¿Fue un ejercicio serio de análisis o, como tantas veces, un fast track cuando la iniciativa proviene del Ejecutivo?

Las divisiones internas también dejan señales. Legisladores como Homero Barrera, que previamente impulsaron una propuesta homologada con la federal, terminaron votando a favor de la iniciativa del Ejecutivo. Otros, como Claudia Gayou y Eric Silva, sostuvieron cuestionamientos que nunca encontraron respuesta de fondo. ¿Qué pesó más: la coherencia legislativa o los acuerdos políticos?

El papel de Andrea Tovar también abre interrogantes. Promovió la aprobación en lo general bajo la promesa de ajustar diferencias en reservas. Sin embargo, al momento de discutirlas, se rechazaron en un proceso que incluso ha sido señalado por posibles violaciones a la ley orgánica del propio Congreso. ¿Para qué abrir el diálogo si este sería ignorado en la práctica?

Y luego está el contenido de la ley misma. Más allá del procedimiento, surgen dudas de fondo que afectan su legitimidad. ¿Por qué otorgar condiciones especiales a jueces y magistrados que eventualmente dejarán sus cargos? En cualquier otro ámbito laboral, la sustitución es directa. ¿Por qué aquí no?

¿Y por qué la Escuela Judicial tendría la facultad de definir quiénes pasan al proceso de votación? Su función debería ser formar, no decidir. Sería tan absurdo como pensar que la  UAQ define quién puede aspirar a la gubernatura.

Al final, la votación dejó un dato revelador: cinco diputados de Morena y una abstención del PRI estuvieron dispuestos a quedarse sin reforma antes que aprobar esta versión. No es menor. Refleja que, incluso dentro del poder, había reservas profundas sobre el dictamen.

Entonces, la pregunta de fondo permanece:
¿era más importante aprobar la reforma que hacer una buena reforma?

O, dicho de otra manera:
¿hubo acuerdos políticos que pesaron más que la calidad de la legislación?

Hoy, Querétaro tiene una nueva ley en materia judicial que entrará en vigor el próximo año. Pero lejos de cerrar el debate, lo abre. Porque esta reforma, más que certezas, deja un rastro de dudas.

Y esas dudas —en Querétaro— no son un problema menor. Son el inicio de la exigencia a quienes se quieran postular.