“El expediente enterrado de San Juan del Río: recursos federales, inconsistencias y silencio político”

En una entrevista que realicé recientemente, Carlos Rentería hizo un señalamiento que llamó poderosamente mi atención: una observación grave de la a la Cuenta Pública 2018 del municipio de .

Y el dato no es menor.

En aquel momento, el presidente municipal de San Juan del Río era , quien hoy ocupa la presidencia de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura local y se ha convertido en uno de los principales críticos de la Comisión que actualmente revisa y analiza cuentas públicas, bajo el argumento de que dicha comisión estaría rebasando sus facultades.

Pero después de comenzar a revisar el expediente mencionado por Rentería, inevitablemente surge una pregunta: ¿realmente existe preocupación por el respeto institucional… o lo que se busca es evitar que finalmente se revisen a fondo expedientes que durante más de diez años permanecieron enterrados políticamente?

Porque lo que aparece en ese informe de la ESFE es, por decir lo menos, alarmante.

La fiscalizadora estatal literalmente se abstuvo de validar la razonabilidad financiera del municipio de San Juan del Río debido a inconsistencias detectadas en recursos por más de 467 millones de pesos. No estamos hablando de una simple observación administrativa o de errores menores de captura. Estamos hablando de un órgano auditor que concluyó que no tenía condiciones para confiar plenamente en la información financiera presentada por un municipio.

El informe documenta inconsistencias graves en contratos y movimientos financieros. Por ejemplo, operaciones que originalmente fueron reportadas como pagadas con recursos propios terminaron posteriormente vinculadas a fondos federales como FORTAMUN y Participaciones Federales.

También se detectaron modificaciones extraordinarias en la información entregada durante el proceso de auditoría:
los procedimientos de adquisiciones reportados pasaron de apenas 19 registros a 2 mil 384;
mientras que los contratos de asesores y consultores disminuyeron de 123 a 108 registros.

Más delicado aún: la propia ESFE notificó formalmente a la (ASF), órgano federal encargado de fiscalizar el uso de recursos públicos federales en todo el país, debido a posibles implicaciones relacionadas con recursos federales.

Es decir, el asunto no quedó únicamente en una observación local.

Y entonces la pregunta se vuelve todavía más incómoda: ¿cuántos casos similares permanecen escondidos entre los mares de archivos de más de una década de cuentas públicas que prácticamente nunca fueron revisadas con profundidad política y mediática?

Porque mientras hoy se acusa a una Comisión de Fiscalización de “extralimitarse”, lo cierto es que pareciera que por años el verdadero exceso fue exactamente el contrario: no investigar.

No revisar.

No cuestionar.

No incomodar.

Y cuando finalmente alguien comienza a abrir expedientes olvidados, revisar informes enterrados y hacer preguntas incómodas, inmediatamente aparecen campañas de presión política y mediática contra quienes encabezan esos trabajos.

La ciudadanía merece saber si detrás de los ataques contra la presidenta de la Comisión existe realmente una preocupación jurídica legítima o si lo que en realidad incomoda es la posibilidad de que comiencen a salir a la superficie expedientes que durante años permanecieron políticamente protegidos.

Porque si algo queda claro al leer este informe de la ESFE es que Querétaro tiene una enorme deuda pendiente con la rendición de cuentas.

Y quizá el verdadero problema para algunos no sea que hoy se investigue demasiado.

Quizá el problema es que, por primera vez en mucho tiempo, alguien decidió empezar a leer los archivos que durante años nadie quiso tocar.