Hablando de corrupción ¿Qué suena más coherente?

La discusión sobre la designación del próximo Fiscal Anticorrupción de Querétaro debería estar centrada en una sola pregunta: ¿quién garantiza que la persona encargada de investigar posibles actos de corrupción del gobierno sea verdaderamente independiente del gobierno?

Sin embargo, el debate público ha tomado otro rumbo.

Por un lado, Morena cuestiona el mecanismo de designación. Su argumento es sencillo: si los tres candidatos fueron propuestos por el titular del Poder Ejecutivo y, además, existe la posibilidad de que el propio Ejecutivo termine realizando el nombramiento si el Congreso no alcanza un acuerdo, entonces la autonomía de la institución queda bajo sospecha.

Se puede estar o no de acuerdo con la decisión de Morena de ausentarse de las comparecencias. Pero lo cierto es que su crítica está dirigida al diseño institucional del proceso. Habla de autonomía, de legitimidad, de participación ciudadana y de contrapesos democráticos.

La respuesta del PAN, en cambio, se concentra principalmente en señalar la conducta de Morena. Que si no asistieron, que si son incongruentes, que si buscan justificar una derrota política o que si la corrupción se encuentra en los gobiernos de la Cuarta Transformación.

Nada de eso responde la pregunta de fondo.

Porque incluso si Morena fuera incongruente —como sostiene el PAN— seguiría pendiente responder si un Fiscal Anticorrupción debe surgir de una terna integrada exclusivamente por el Gobernador.

Ese es el verdadero debate.

La legalidad del procedimiento tampoco resuelve el problema. Algo puede ser legal y, al mismo tiempo, generar dudas legítimas sobre su independencia. La historia democrática de México está llena de ejemplos donde las leyes fueron modificadas para fortalecer el control político sobre instituciones que debían funcionar como contrapesos.

Por eso resulta llamativo que quienes defienden el proceso hablen más de Morena que de la autonomía de la Fiscalía.

Si el mecanismo es tan sólido como afirman, deberían explicar por qué la intervención determinante del Ejecutivo no compromete la percepción de independencia de quien resulte electo. Deberían defender las virtudes del modelo, no únicamente atacar a quienes lo cuestionan.

La congruencia no consiste en respaldar a un partido o a otro. La congruencia consiste en defender principios.

Y cuando el debate gira en torno a la autonomía de una institución encargada de combatir la corrupción, parece más coherente discutir cómo garantizar su independencia que desviar la conversación hacia las faltas o contradicciones de quienes han puesto el tema sobre la mesa.

Al final, los nombres de los candidatos pasarán. Los partidos también. Lo que permanecerá será la fortaleza o la debilidad de las instituciones.

Y en una Fiscalía Anticorrupción, la legitimidad y la autonomía deberían importar más que cualquier cálculo político.