¿Fiscal Anticorrupción o Fiscal Administrador de la Corrupción?

La pregunta no surge de la especulación. Surge de los antecedentes.

En 2017 fue designado el primer Fiscal Anticorrupción de Querétaro, Benjamín Vargas Salazar provenía de la estructura de procuración de justicia estatal, donde había ocupado diversos cargos antes de ser nombrado fiscal, por una Legislatura dominada por el PAN en los tiempos del Gobierno de Pancho Domínguez. Apenas un año después, la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro emitió una de las observaciones más delicadas de los últimos años sobre la Cuenta Pública 2018 del Municipio de San Juan del Río, entonces encabezado por Guillermo Vega, actualmente diputado.

El informe de la ESFE no fue una observación ordinaria. El órgano fiscalizador se abstuvo de validar la razonabilidad financiera del municipio debido a inconsistencias detectadas en recursos por más de 467 millones de pesos.

Entre los hallazgos documentados aparecieron operaciones que inicialmente fueron reportadas con recursos propios y posteriormente vinculadas a fondos federales como FORTAMUN y Participaciones Federales. También se detectaron modificaciones sustanciales en la información entregada durante la auditoría. Los procedimientos de adquisiciones reportados pasaron de 19 a 2 mil 384 registros, mientras que los contratos de asesores y consultores disminuyeron de 123 a 108.

La gravedad de las inconsistencias llevó a la ESFE a dar vista formal a la Auditoría Superior de la Federación para los efectos legales correspondientes.

8 años después, mediante una solicitud al sistema Federal de transparencia, la ASF confirmó la existencia de la denuncia DEN-19-096 relacionada con estos hechos. Sin embargo, también informó que el expediente permanece reservado porque su difusión podría afectar el proceso deliberativo vinculado a dicha denuncia.

Si existió una observación de esta magnitud, si hubo una denuncia ante la ASF y si la propia autoridad federal reconoce la existencia de un expediente, ¿qué ocurrió en el ámbito estatal?

¿La Fiscalía Anticorrupción recibió información relacionada con estos hechos?

¿Se abrió alguna carpeta de investigación?

¿Se realizaron diligencias?

¿Se determinó alguna responsabilidad?

¿O simplemente el caso quedó atrapado en el silencio institucional que durante años caracterizó a los órganos de control?

No se trata de emitir condenas anticipadas ni de fabricar culpables. Se trata de entender si las instituciones creadas para combatir la corrupción funcionaron realmente cuando se encontraron frente a casos que involucraban a actores relevantes del grupo político en el poder.

La independencia de un Fiscal Anticorrupción no se demuestra en los discursos ni en los currículums.

Se demuestra cuando tiene la capacidad de investigar sin mirar colores partidistas, relaciones políticas o intereses de grupo.

Hoy, cuando una nueva designación está en puerta, la discusión no puede limitarse a quién ocupará el cargo. La discusión debería centrarse en qué garantías tendrá la sociedad de que el próximo fiscal no será un administrador de expedientes incómodos, sino un auténtico investigador de los posibles actos de corrupción que afectan la confianza pública..