Tribunal de Disciplina Judicial reporta avances en su primer año de funciones

A un año de su instalación, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) presentó un balance de sus primeras actividades, en el que destacó la evaluación de personas juzgadoras, la atención de expedientes heredados de instituciones anteriores y la puesta en marcha de mecanismos de vigilancia, investigación y rendición de cuentas.

Durante el acto de rendición de cuentas, integrantes del Tribunal señalaron que la evaluación del desempeño judicial debe entenderse no solamente como una obligación derivada de la reforma judicial, sino como un mecanismo orientado a fortalecer la calidad del servicio, la transparencia institucional y la confianza ciudadana.

La Comisión de Evaluación informó que recibió 945 informes circunstanciados correspondientes a la última visita de evaluación, realizada el 31 de agosto de 2025. Asimismo, dio seguimiento a siete procesos de evaluación especial en distintos circuitos judiciales y atendió recursos de inconformidad derivados de las evaluaciones.

En este rubro, se reportaron 166 recursos de inconformidad y tres recursos de reclamación, de los cuales, al corte presentado, 22 recursos de inconformidad y los tres de reclamación habían sido resueltos.

851 personas juzgadoras evaluadas

Uno de los principales resultados presentados durante el informe fue la evaluación de 851 personas juzgadoras electas en 2025. De ese universo, 762 obtuvieron un resultado satisfactorio, equivalente al 89.54 por ciento, mientras que 89, el 10.46 por ciento, tuvieron un resultado no satisfactorio.

De acuerdo con la exposición presentada, el nuevo esquema de evaluación incorpora elementos cualitativos además de indicadores cuantitativos. Entre los aspectos considerados se encuentran la calidad del trabajo jurisdiccional, los conocimientos de quienes ejercen funciones jurisdiccionales y el trato hacia las personas usuarias del servicio y el personal de los órganos judiciales.

El Tribunal señaló que los resultados de las evaluaciones también sirven para identificar áreas de mejora y establecer mecanismos de capacitación. En este sentido, se informó sobre cursos de actualización para personas juzgadoras de los Centros de Justicia Penal Federal y programas relacionados con la organización y gestión de órganos jurisdiccionales.

Vigilancia regional y visitas a órganos judiciales

Como parte de su estrategia de supervisión territorial, el Tribunal informó sobre la instalación de seis visitadurías regionales del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial.

Las sedes regionales fueron ubicadas en Oaxaca, Colima, Ciudad de México, Chihuahua y Pachuca, con dos visitadurías correspondientes a la capital del país.

Según el informe, las visitadurías tienen entre sus funciones verificar productividad y rezago, condiciones de trabajo, cumplimiento de horarios y posibles conductas de acoso u hostigamiento, además de elaborar informes para la Comisión de Evaluación.

Durante el periodo reportado también se realizaron 29 visitas y reuniones de trabajo en 19 entidades federativas y 19 circuitos judiciales, con el objetivo de conocer directamente las condiciones en las que se desarrolla la función jurisdiccional.

Más de mil 600 investigaciones heredadas

En materia de responsabilidades administrativas, el órgano de investigación recibió 1,667 investigaciones provenientes del extinto Consejo de la Judicatura Federal, muchas de ellas con varios años de trámite.

Al cierre del periodo informado, el Tribunal reportó un avance de 64 por ciento en la atención de estos expedientes.

Además, se informó que durante el primer año se emitieron determinaciones en 314 indagatorias, de las cuales se reportaron 239 determinaciones de conclusión, 62 informes de presunta responsabilidad administrativa, 17 determinaciones mixtas y cuatro asuntos relacionados con competencia.

El Tribunal también informó sobre la adopción de 78 medidas cautelares y señaló que el órgano de investigación propuso medidas respecto de 19 personas servidoras públicas.

Durante el acto se enfatizó que una queja o denuncia no implica por sí misma una sanción y que los procedimientos deben desarrollarse bajo las reglas del debido proceso y con respeto a los derechos de las partes involucradas.

Casi 20 mil asuntos ingresados

La Secretaría General de Acuerdos también presentó cifras sobre la carga administrativa atendida durante el primer año.

La Oficialía de Partes registró 19,355 asuntos, recibidos mediante distintos mecanismos, entre ellos recepción física, correo electrónico, buzón de quejas y denuncias, portal institucional y sistemas interinstitucionales.

Además, se practicaron 23,552 notificaciones, se realizaron 9,550 actuaciones de gestión documental y se recibieron y turnaron 264 medios de impugnación en materia disciplinaria, laboral y de evaluación.

El Tribunal informó también que atendió 1,481 solicitudes de antecedentes disciplinarios formuladas por el órgano de evaluación y recibió 1,289 promociones diversas, de las cuales 1,237 fueron desahogadas.

Transparencia y atención ciudadana

Otro de los aspectos señalados durante el informe fue la atención de las quejas relacionadas con retrasos u omisiones en órganos jurisdiccionales.

El Tribunal indicó que estableció como mecanismo de atención solicitar información al órgano jurisdiccional antes de adoptar una determinación. En el periodo informado se realizaron 798 requerimientos, equivalentes al 11.53 por ciento de los asuntos en los que el Tribunal tuvo competencia en esta materia.

También se destacó la creación de mecanismos de atención ciudadana para orientar a las personas sobre las atribuciones del Tribunal y, cuando un asunto no corresponde a su competencia, canalizarlo hacia la autoridad correspondiente.

La institución anunció además que publicará sus resoluciones en versiones públicas y con lenguaje claro, con el propósito de facilitar que la ciudadanía conozca las razones detrás de las determinaciones.

Tres retos para el segundo año

El presidente del Tribunal identificó tres desafíos principales para el siguiente periodo: tecnología, legitimidad y confianza ciudadana, y marco normativo.

En materia tecnológica, se informó que todavía está pendiente la implementación, consolidación e interconexión de 18 sistemas necesarios para la operación integral del Tribunal.

En cuanto a la confianza ciudadana, el órgano planteó como objetivo fortalecer el escrutinio público y reducir la opacidad mediante una mayor transparencia de sus resoluciones y procedimientos.

El tercer reto corresponde al marco normativo. El Tribunal señaló la necesidad de precisar competencias y reglas generales relacionadas con su independencia técnica y de gestión, así como con la resolución de controversias.

Al hacer el balance del primer año, la presidencia del Tribunal sostuvo que la institución tuvo que construir su estructura mientras atendía una importante carga de expedientes heredados.

El mensaje central del informe fue que la función disciplinaria debe ejercerse mediante procedimientos reglados y con respeto al debido proceso. Bajo esa premisa, el Tribunal afirmó que su función de vigilancia busca distinguir entre actuaciones que cumplen con las obligaciones de la función judicial y aquellas que pueden constituir incumplimientos.

Con los resultados presentados, el Tribunal de Disciplina Judicial aseguró que continuará con la consolidación de sus sistemas, procedimientos y mecanismos de evaluación y vigilancia, con el objetivo de fortalecer su funcionamiento institucional y rendir cuentas sobre su actuación ante la sociedad.