Activista denuncia presuntas irregularidades en corrida de toros de San Juan del Río y anuncia acciones legales

Erika Rosales activista y ambientalista en Entrevista con David Smeke

La reciente corrida de toros celebrada en San Juan del Río continúa generando controversia. La activista y especialista en derecho ambiental y derecho animal, Erika Rosales, aseguró que el evento se llevó a cabo pese a la existencia de recursos legales promovidos por organizaciones defensoras de los animales y denunció presuntas irregularidades tanto en el proceso judicial como durante el desarrollo del espectáculo taurino.

Durante la entrevista, Rosales explicó que las asociaciones civiles La Última Jaula y Animal Héroes mantienen diversos juicios de amparo relacionados con la tauromaquia en Querétaro, uno contra la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado y otro contra el Reglamento Taurino de San Juan del Río, ambos pendientes de resolución por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La activista señaló que, previo a la corrida realizada el fin de semana pasado, un juez había concedido una suspensión provisional; sin embargo, ésta fue revocada por un Tribunal Colegiado tras analizar un recurso promovido por el municipio.

Según Rosales, el tribunal argumentó que la asociación promovente no contaba con interés legítimo para solicitar la suspensión, criterio que rechazó al asegurar que el objeto social de su organización contempla expresamente la defensa jurídica de los derechos de los animales.

«Nuestro objeto social incluye la protección animal y la promoción de acciones legales para su defensa. Consideramos que los argumentos utilizados no correspondían al fondo del recurso presentado», afirmó.

Denuncian incumplimientos al reglamento taurino

Además del proceso judicial, Rosales sostuvo que durante la corrida se habrían incumplido diversas disposiciones establecidas en el Reglamento Taurino de San Juan del Río.

Entre las presuntas irregularidades mencionó que una de las reses recibió un número de estocadas superior al permitido por el reglamento y que también se habría excedido el número de intentos de descabello, así como el tiempo máximo establecido para concluir.

La activista indicó que el análisis técnico del evento fue realizado por el defensor animal Jerónimo Sánchez, conocedor de la normativa taurina, quien documentó las presuntas violaciones reglamentarias.

Asimismo, cuestionó que al espectáculo ingresaran menores de edad, al señalar que organismos internacionales han recomendado restringir su asistencia a eventos con altos niveles de violencia.

Preparan denuncias contra autoridades

Tras lo ocurrido, Rosales anunció que su organización prepara denuncias administrativas contra servidores públicos que, a su juicio, omitieron hacer cumplir el reglamento vigente durante la corrida.

También adelantó que continuarán promoviendo acciones legales para que futuras corridas se desarrollen conforme al marco jurídico o, en su caso, se eliminen las prácticas que implican lesiones y la muerte del animal.

«Lo que estamos pidiendo es que se respeten las resoluciones judiciales y los reglamentos. Si el espectáculo quiere mantenerse, que sea sin instrumentos punzocortantes y sin el sacrificio del animal», sostuvo.

Debate que trasciende la tauromaquia

Durante la entrevista también se abordó el cambio de percepción social sobre las corridas de toros, particularmente entre las nuevas generaciones, así como la necesidad de fortalecer la protección jurídica de los animales.

Los participantes coincidieron en que el caso abrió nuevamente el debate sobre el papel de las autoridades judiciales y administrativas, el cumplimiento de la normatividad vigente y el futuro de la tauromaquia en Querétaro.

Mientras las organizaciones animalistas continúan impulsando recursos legales, el tema permanece abierto tanto en los tribunales como en la discusión pública del estado.

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