Acusar no es probar: la ligereza de señalar sin expediente

Vi un gráfico que comenzó a circular en redes sociales. Lo compartía un columnista queretano que ya tiene fama de falsear o exagerar información para atraer atención. La imagen, con estética de “urgente” y fondos de billetes, afirmaba que Gerardo Fernández Noroña habría recibido 20 millones de dólares de “El Mencho” para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum en 2024.

La acusación es explosiva. Pero en periodismo —y más cuando se imputan delitos— lo explosivo no sustituye a lo comprobable.

Señalar que un actor político recibió dinero del crimen organizado no es una opinión, ni una interpretación, ni una lectura política. Es la imputación de un delito federal: financiamiento ilícito de campañas y posible vinculación con delincuencia organizada. Y en un Estado de derecho, ese tipo de acusaciones exige algo muy concreto: evidencia verificable.

La pregunta obligada es sencilla: ¿existe un expediente público que respalde esa afirmación?

Hasta donde se puede constatar en documentos accesibles, no hay resoluciones del INE que establezcan un financiamiento de ese tipo con esos nombres y ese monto. Tampoco existe, al menos en lo públicamente informado, una acusación formal judicializada que vincule directamente a Noroña con recursos del CJNG en la campaña presidencial. Las autoridades federales han señalado que revisan versiones difundidas sobre presuntas “narconóminas”, pero sin confirmar participación de actores políticos específicos en investigaciones judicializadas.

Eso no significa que sea imposible que existan investigaciones reservadas. Significa algo más importante: que en el espacio público no hay, hasta ahora, prueba documental verificable que sostenga la acusación en los términos en que se presenta en el gráfico.

Y aquí comienza el análisis de fondo.

En la política contemporánea, la “narcoetiqueta” se ha convertido en una herramienta de alto impacto narrativo. Acusar a un adversario de recibir dinero del crimen organizado no busca necesariamente abrir un proceso penal; busca instalar una sombra. La lógica es simple: aunque no se pruebe, la duda queda. El daño reputacional opera antes que la verificación.

Este fenómeno no es exclusivo de una corriente ideológica. Ha sido utilizado transversalmente: en campañas locales, en elecciones federales, en disputas internas de partidos. Funciona porque apela a una emoción primaria: la indignación moral. Y en redes sociales, la indignación viaja más rápido que la documentación.

El diseño del gráfico que vi no es casual. La palabra “URGENTE”, los billetes de dólares, la fotografía de un capo, la asociación visual inmediata. Es propaganda visual, no investigación documental. En ningún lugar del material se citan números de expediente, carpetas de investigación, declaraciones ministeriales o resoluciones judiciales. No hay fuente primaria identificable. Solo afirmación.

El problema no es solo político. Es periodístico.

Cuando un comunicador amplifica una acusación de esta magnitud sin respaldo documental, no está informando: está participando en una estrategia de posicionamiento narrativo. Y eso tiene consecuencias. Porque si mañana la acusación se demuestra falsa, el daño ya ocurrió. Y si mañana se demostrara cierta, el proceso probatorio no comenzó en redes, sino en instancias judiciales.

Como periodistas, el estándar debe ser más alto que el algoritmo.

No se trata de defender a un político en particular. Se trata de defender el método. Si existe financiamiento ilícito, que se investigue, que se pruebe, que se judicialice. Si no existe prueba, convertir la acusación en hecho consumado erosiona la credibilidad de quien la difunde y debilita la discusión pública.

Hay un punto adicional que no debe perderse: en un país donde el crimen organizado tiene presencia real y documentada, banalizar las acusaciones sin evidencia termina trivializando el problema. Mezclar sin prueba a actores políticos específicos con estructuras criminales convierte un asunto gravísimo en arma retórica.

La democracia necesita vigilancia, pero también necesita rigor.

Antes de compartir, amplificar o editorializar sobre una acusación de esta naturaleza, la pregunta no debería ser si nos indigna, sino si está documentada. ¿Hay expediente? ¿Hay denuncia formal? ¿Hay resolución? ¿Hay trazabilidad financiera? Si la respuesta es no, estamos frente a una narrativa, no frente a una prueba.

En tiempos de polarización, la tentación de convertir sospecha en sentencia es fuerte. Pero el periodismo serio no puede operar bajo la lógica del rumor viral. Acusar no es probar. Y repetir no es investigar.

La credibilidad se construye con documentos, no con gráficos incendiarios.