Afores, infraestructura y la delgada línea entre información y alarma

En tiempos de sobreinformación, una frase mal planteada puede ser más poderosa que un dato preciso. “El Senado aprobó usar el 30% de las Afores para obra pública”, dicen algunas publicaciones. Suena grave. Suena a despojo. Pero no es exactamente cierto.

Lo primero que hay que decir con claridad es que nadie aprobó quitarle el dinero a los trabajadores. Los ahorros en las Afores siguen siendo propiedad individual, intactos en su estructura jurídica. No hay una transferencia automática ni una expropiación disfrazada. Lo que existe —y desde hace tiempo— es la posibilidad de que ese dinero se invierta, como ya ocurre, en distintos instrumentos financieros.

Ahí está el primer punto que se pierde en la conversación pública: las Afores no guardan el dinero debajo del colchón. Lo invierten. Lo hacen en deuda, en mercados, en proyectos productivos. Y desde hace años también pueden hacerlo en infraestructura, bajo ciertos límites. El famoso “30%” no es una decisión reciente, ni una orden de ejecución inmediata. Es un techo regulatorio que, en la práctica, ni siquiera se ha alcanzado, lo más que se ha invertido es el 9%.

Entonces, ¿qué cambió? Más que una decisión para usar el dinero, lo que se aprobó fue un marco para facilitar inversiones en proyectos de infraestructura con esquemas mixtos. Es decir, abrir la puerta a que ese ahorro —si así lo determinan las administradoras, o sea los bancos o institutos que manejan nuestros AFORES— pueda participar en proyectos que, en teoría, generen rendimientos.

Y aquí es donde comienza la discusión seria.

Porque el problema no es que el dinero se invierta. Eso ya ocurre. El problema es en qué se invierte, bajo qué criterios y con qué nivel de riesgo. Ahí está el verdadero debate, no en la idea simplificada de que “te van a quitar tu dinero”.

Los defensores del modelo argumentan que invertir en infraestructura puede generar rendimientos estables a largo plazo, además de impulsar el desarrollo económico. Los críticos, en cambio, advierten un riesgo legítimo: que decisiones de inversión puedan contaminarse de intereses políticos, privilegiando proyectos poco rentables o de baja viabilidad.

Si eso ocurre, el impacto no sería inmediato ni visible como una pérdida directa en la cuenta del trabajador. Sería más silencioso, pero igual de relevante: menores rendimientos, pensiones más bajas en el futuro.

Por eso, reducir la discusión a una consigna alarmista no solo es impreciso, sino peligroso. Desinforma y desvía la atención del punto central: la necesidad de garantizar transparencia, criterios técnicos y autonomía en las decisiones de inversión.

La pregunta no es si el dinero se usará —porque ya se usa—, sino si se hará bien.

En un país donde la confianza en las instituciones es frágil, la vigilancia ciudadana no debe basarse en el miedo, sino en información precisa. Porque entre la desinformación y la realidad hay una diferencia clave: la primera moviliza emociones; la segunda exige responsabilidad.

Y hoy, más que nunca, necesitamos entender antes de reaccionar.