Astrid Ortega prende las alertas en la Casa de la Corregidora

La reunión entre la presidenta municipal de Cadereyta, Astrid Ortega, y el gobernador del estado estaba destinada a marcar un punto de inflexión. Más de un año sin diálogo formal, una relación marcada por tensiones tras la huelga municipal, episodios de desatención institucional y una evidente frialdad política hacían de este encuentro algo más que una simple foto protocolaria. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la reunión terminó en cuestión de minutos.

Las razones de la alcaldesa, aunque incómodas para el Gobierno estatal, resultan comprensibles: la conversación ni siquiera había comenzado cuando ya se buscaba tomar fotografías. Un gesto aparentemente rutinario, pero que en este contexto representaba intentar maquillar una relación rota sin haber siquiera intercambiado una palabra. Para una presidenta municipal mujer, joven, y además perteneciente a la 4T, la foto sin diálogo podía convertirse en un mensaje político equivocado: el de una supuesta normalidad institucional que, en los hechos, no existe.

Astrid Ortega no solo gobierna un municipio. Representa a miles de mujeres del semidesierto que durante años han sido subestimadas, oprimidas y descalificadas como incapaces para ejercer el poder público. Y quienes lo dudan solo necesitan revisar los comentarios que recibió durante la huelga de trabajadores, las afectaciones por lluvias y otros episodios recientes: ataques donde la crítica política se mezcló con un trasfondo de misoginia evidente.

Aun así, su primer informe de gobierno —abierto, sin filtros, frente a su pueblo— no registró abucheos ni confrontaciones. Eso dice algo: una comunidad que respalda a su presidenta. Por eso el trato “como a cualquier otro” no aplica aquí. No cuando la figura representa tanto simbólicamente. Y no cuando la reunión tenía un tema de fondo: la municipalización del servicio de agua.

La Comisión Estatal de Agua sostiene que Cadereyta no tiene la infraestructura necesaria para asumir el servicio. Sin embargo, la Constitución es clara: el agua es responsabilidad municipal. Lo que correspondería, en un estado funcional, es tender puentes y no levantar barreras. Pero esa disposición no se vio reflejada en la mesa. A Ortega se le retiró el celular, hubo presencia de múltiples funcionarios y, por el manejo mismo del encuentro, parecía que el equipo del gobernador veía esta cita como un trámite más en la agenda. No como una negociación delicada y largamente aplazada.

Quien piense que la presidenta debía soportar las incomodidades para “cuidar la relación”, desconoce el trasfondo del conflicto. Ortega abandonó la reunión porque no existían las condiciones mínimas para un diálogo genuino. Y su salida, lejos de leerse como un desplante, fue un acto político calculado: negarse a legitimar, con una foto, una relación que el propio Gobierno estatal no ha querido reparar.

La respuesta posterior del aparato mediático afín al Gobierno terminó de confirmar lo evidente. Caricaturas, burlas, ataques personales y hasta señalamientos vulgares se lanzaron contra la alcaldesa en una operación que parecía más automática que espontánea. Un operativo de desprestigio que no contextualiza, no analiza y, sobre todo, no reconoce el derecho de una autoridad municipal a exigir condiciones de respeto.

Paradójicamente, ese ataque terminó dándole a Astrid Ortega una visibilidad que refuerza su narrativa: la de una mujer que enfrenta al poder central desde la legitimidad democrática que le otorgó su comunidad. Porque Cadereyta la respalda. Y porque ganó su cargo con autoridad, no por concesión.

Mientras tanto, los medios alineados seguirán alimentando la polarización, una grieta que daña al estado y al país. Y el Gobierno estatal seguirá teniendo una deuda con el municipio más grande de Querétaro: entender sus urgencias reales y dejar de mirar sus necesidades a través del prisma de la confrontación política.

Hasta que eso no ocurra, las alertas seguirán encendidas en la Casa de la Corregidora.