Criminalización de la juventud: estudiantes denuncian vigilancia, estigmatización y represión en Querétaro

Jairo-Estudiante UAQ-UNAM en Entrevista con David Smeke.

La criminalización e invisibilización de las y los jóvenes por parte de algunos medios de comunicación y autoridades volvió a colocarse en el centro del debate público en Querétaro, tras una manifestación estudiantil que derivó en vigilancia, señalamientos y una narrativa oficial que, denuncian los participantes, buscó desvirtuar el fondo de sus demandas.

El caso fue expuesto en un espacio informativo local, donde se dio voz directa a Jairo, estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), quien participó en la movilización y actualmente enfrenta una campaña de estigmatización mediática. La protesta, convocada principalmente por estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, surgió como respuesta a la represión contra un compañero estudiante y periodista, así como a una serie de hechos previos que han generado indignación en la comunidad universitaria.

Una protesta pacífica bajo vigilancia

De acuerdo con el testimonio, la movilización inició en la Plaza del Estudiante con alrededor de 30 personas, número que posteriormente aumentó a cerca de 40 o 50 participantes, entre estudiantes, docentes y periodistas. Desde el inicio, los manifestantes detectaron la presencia de drones y unidades policiales, lo que interpretaron como un acto de vigilancia más que de acompañamiento.

“Los drones no estaban para logística; grababan directamente los rostros y seguían nuestros movimientos”, relató Jairo, quien subrayó que la protesta fue completamente pacífica y centrada en consignas contra el abuso de autoridad y en defensa de dos derechos fundamentales: el derecho a documentar a funcionarios públicos y el derecho a la protesta.

La movilización avanzó hacia la avenida 5 de Febrero, un espacio simbólico por su cercanía con instalaciones de seguridad. Ahí, los manifestantes exigieron que autoridades estatales dieran la cara y explicaran cómo se evitarían nuevos abusos. Ningún funcionario salió a atenderlos.

El cambio de la narrativa

Tras la protesta, diversos medios difundieron versiones que, según los estudiantes, distorsionaron los hechos. En lugar de abordar las denuncias de abuso de autoridad, se enfocaron en minimizar la movilización, reducir el número de participantes y vincularla con intereses partidistas.

“Nos acusaron de ser porros, de estar pagados por un partido o por un regidor, solo porque existe una fotografía fuera de contexto”, explicó Jairo, quien aclaró que la imagen difundida corresponde a un curso sobre participación política juvenil que él mismo impartió semanas antes. “Es insultante asumir que los estudiantes no tenemos capacidad de organizarnos”, añadió.

Los manifestantes también denunciaron que se les atribuyeron daños a la infraestructura pública sin pruebas y que incluso se ha insinuado la apertura de carpetas de investigación, lo cual consideran un mensaje de amedrentamiento no solo contra ellos, sino contra futuras movilizaciones, como las previstas para el 8 de marzo.

Falta de respaldo institucional

Otro de los puntos críticos señalados fue la ausencia de un respaldo firme por parte de la UAQ como institución. Aunque reconocen el apoyo de docentes y autoridades de su facultad, consideran que Rectoría ha mantenido una postura “temerosa y tibia” frente a la criminalización del estudiantado.

“Cuando la universidad no defiende a su comunidad, nos deja vulnerables frente a los ataques mediáticos y legales”, advirtió Jairo, quien recordó que la UAQ debería responder primero a sus estudiantes y docentes, y no a intereses gubernamentales.

Defender la protesta es defender la democracia

Para los participantes, lo ocurrido no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de represión que también ha afectado a artesanos, activistas por el agua y colectivos solidarios con Palestina. En ese contexto, sostienen que la protesta social es un pilar de la democracia y que criminalizarla implica atentar contra el futuro del país.

“La neutralidad no existe cuando hay abusos de autoridad y sistemas de injusticia”, afirmó Jairo, quien llamó a las y los jóvenes a asumir una responsabilidad política desde distintas posturas, con un objetivo común: la defensa del derecho a la libre expresión y a la manifestación.

El caso reabre una discusión urgente sobre el papel de los medios de comunicación, las instituciones educativas y las autoridades frente a la protesta juvenil. Para los estudiantes, la exigencia es clara: que se escuchen sus demandas, se respete su derecho a manifestarse y se ponga fin a la narrativa que los presenta como un problema, cuando —afirman— son parte fundamental de la solución.

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