Crisis en el Congreso de Querétaro: acusan ilegalidad en continuidad de Mesa Directiva y exigen sesión inmediata

Legisladores de Morena, PT y PVEM denuncian intento de prolongar ilegalmente la Mesa Directiva, exigen respeto a la ley y anuncian acciones legales tras jornada legislativa marcada por caos y presuntas irregularidades.

En medio de una fuerte tensión política, diputados locales de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) denunciaron un intento por mantener ilegalmente en funciones a la actual Mesa Directiva del Congreso del Estado de Querétaro, cuyo periodo concluye este 1 de octubre a las 23:59 horas, según lo establece un decreto publicado en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga”.

En conferencia de prensa, los legisladores calificaron los hechos ocurridos en la sesión del día anterior como un “ejercicio antidemocrático” y responsabilizaron al diputado Gerardo Ángeles, actual presidente de la Mesa Directiva, de bloquear deliberadamente la renovación legal del órgano legislativo.

“Hacemos un llamado urgente a que se convoque de inmediato a sesión para elegir una nueva Mesa Directiva. Si no se hace hoy, entramos en un vacío jurídico que invalida cualquier acto del Congreso”, advirtió uno de los diputados de la bancada de la 4T.

Denuncian ilegalidad y riesgo de nulidad jurídica

Los diputados argumentaron que su propuesta para integrar una nueva Mesa Directiva contaba con el respaldo de 13 votos, cumpliendo con el artículo 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, que establece mayoría simple de los presentes en sesión. Subrayaron que la ley también exige que dicha integración respete criterios de pluralidad, proporcionalidad y paridad de género, los cuales aseguran haber cumplido.

Además, citaron el decreto oficial publicado el 18 de abril de 2025, que establece con claridad que el periodo de la actual Mesa concluye el 1 de octubre, por lo que cualquier intento de extenderla más allá de esa fecha sería “totalmente ilegal”.

“No hay acuerdo político que esté por encima de la ley ni del decreto publicado oficialmente. Cualquier convocatoria o acto jurídico posterior carecería de sustento legal”, recalcaron.

Alarma, boletas arrebatadas y acusaciones de delitos

El caos en la sesión fue marcado por incidentes que han generado fuertes críticas. Los legisladores acusaron que se activó indebidamente una alarma de emergencia dentro del recinto legislativo, lo cual provocó la evacuación del pleno y puso en riesgo a diputados, personal y visitantes.

Señalaron directamente a responsables del recinto, incluyendo al oficial mayor, la Unidad de Protección Civil y el coordinador de seguridad, por una presunta simulación de emergencia. Además, denunciaron que un diputado fue visto arrebatando boletas y otro trasladando la urna de votación, lo que calificaron como posibles delitos electorales y actos de sabotaje institucional.

“Se rompió el orden legal y se puso en riesgo la integridad de todos. Vamos a solicitar la investigación inmediata por parte del contralor del Congreso y pediremos la destitución del oficial mayor”, indicaron.

Juicio político, juicio moral y advertencias de consecuencias legales

Entre los señalamientos, también se mencionó la posibilidad de juicio político contra el diputado Gerardo Ángeles, aunque algunos legisladores enfatizaron que el verdadero peso recaerá en el juicio moral de la ciudadanía y en las elecciones de 2027.

“Ellos son los herederos del autoritarismo, del fraude. No aceptan la voluntad popular. Pero la gente ya no les cree. Hoy ganamos 10 de 15 distritos. Esa mayoría se debe respetar y vamos a hacerla valer”, dijeron.

Llamado a la ciudadanía y cierre contundente

Los legisladores cerraron su posicionamiento con un mensaje a la ciudadanía queretana: “Su voto está defendido. Aquí estamos para hacer valer la voluntad popular, construir un Congreso plural, legal y democrático. No vamos a retroceder.”

Finalmente, advirtieron que, de no instalarse una nueva Mesa Directiva conforme a la ley antes del vencimiento del plazo, podrían invalidarse procesos legislativos clave, como la aprobación de leyes hacendarias municipales y estatales, lo que pondría en riesgo la gobernabilidad financiera de Querétaro.