Cuestionan legalidad de la venta de predios municipales en Querétaro; advierten posibles responsabilidades administrativas

Carlos Renteria Analista Político en Entrevista con David Smeke

La intención del Ayuntamiento de Querétaro de vender 14 predios municipales ha generado un intenso debate jurídico y político, luego de que especialistas y legisladores señalaran posibles irregularidades en el procedimiento aprobado por el Cabildo y cuestionaran el destino que tendría el recurso obtenido por la enajenación de los inmuebles.

Durante una entrevista, el especialista en derecho y Analista Político, Carlos Rentería, explicó que los terrenos en cuestión forman parte del patrimonio público del municipio, ya que fueron donados por desarrolladores inmobiliarios como parte de las obligaciones establecidas en el Código Urbano para la creación de fraccionamientos y condominios.

Detalló que la legislación obliga a los desarrolladores a ceder gratuitamente al municipio el 10 por ciento de la superficie destinada a áreas verdes y equipamiento urbano, espacios que pueden utilizarse para parques, clínicas, estaciones de bomberos, casas de cultura o centros comunitarios, entre otros servicios públicos.

«Estos terrenos pertenecen al dominio público; es decir, son patrimonio de todos los queretanos y, por esa condición, no pueden venderse libremente», explicó.

Desincorporación, el punto central del debate

Rentería señaló que el Ayuntamiento aprobó la desincorporación de 12 predios, aunque el acuerdo también contempla otros dos inmuebles que ya habían sido desincorporados desde 2020, por lo que en total serían 14 terrenos susceptibles de venta.

Explicó que la figura de la desincorporación consiste en retirar un bien del dominio público para convertirlo en patrimonio privado del municipio, condición que sí permite su venta. Sin embargo, sostuvo que este procedimiento requiere justificar plenamente que el inmueble dejó de ser útil para el servicio público.

Además, afirmó que, conforme a la legislación estatal vigente, dicho procedimiento debe contar con autorización de la Legislatura del Estado antes de concretarse.

A su juicio, el Cabildo habría sido inducido a aprobar un acuerdo sin cumplir ese requisito legal.

Cuestionan el destino de los recursos

Otro de los aspectos que generó mayor controversia es el uso previsto para los recursos provenientes de la venta de los terrenos.

De acuerdo con el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, parte del dinero sería destinado a equilibrar presiones financieras relacionadas con gasto corriente, incluyendo combustibles, mantenimiento de vehículos e inversión pública.

Para Rentería, resulta preocupante que patrimonio público destinado originalmente al beneficio colectivo pueda utilizarse para cubrir gastos operativos de la administración municipal.

«Se pretende vender patrimonio de los queretanos para financiar gasto corriente, cuando esos terrenos fueron donados para áreas verdes y equipamiento urbano», señaló.

Señalan incremento en el gasto corriente

Durante el análisis también se cuestionó el crecimiento del gasto corriente del municipio.

Según Rentería, este rubro habría aumentado en aproximadamente mil 55 millones de pesos respecto al último ejercicio presupuestal de la administración anterior, incremento que atribuyó principalmente al crecimiento de servicios generales y otros gastos administrativos.

Asimismo, rechazó el argumento de una disminución en las participaciones federales, al señalar que, de acuerdo con cifras presupuestales, el municipio recibió recursos superiores a los inicialmente estimados.

Regidora busca revertir su voto

En el transcurso de la discusión pública, la regidora Rosy Corral anunció su intención de solicitar la reversión del sentido de su voto emitido durante la sesión de Cabildo, luego de revisar los argumentos jurídicos relacionados con el procedimiento de desincorporación.

La decisión fue presentada mediante un documento oficial, en el que plantea revisar nuevamente el acuerdo aprobado.

Advierten posibles revisiones de la Entidad Superior de Fiscalización

Rentería consideró que el acuerdo podría ser objeto de revisión por parte de los órganos fiscalizadores del estado, al advertir que la aprobación de actos contrarios a la legislación podría derivar en responsabilidades administrativas para los integrantes del Ayuntamiento.

No obstante, sostuvo que la propia Ley de Responsabilidades Administrativas contempla mecanismos para corregir este tipo de decisiones antes de que se materialice un daño patrimonial.

En ese sentido, hizo un llamado a los regidores para cancelar el acuerdo de venta de los predios y evitar futuras sanciones.

«La recomendación es revertir el acuerdo. Si se corrige antes de que exista un daño patrimonial, la responsabilidad puede diluirse conforme a la ley», concluyó.

Hasta el momento, el gobierno municipal ha señalado que el proceso de venta permanece suspendido mientras se revisan los cuestionamientos planteados en torno a la legalidad del procedimiento.

Entrevista completa en: 

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