¿DÓNDE ESTÁN LOS 27.9 MILLONES?

Regidores encienden la alarma por el gasto del FORTAMUN en San Juan del Río

Más de 27 millones de pesos aprobados para alumbrado público no aparecen claramente identificados en la documentación revisada por regidores. Hay contratos fragmentados, adjudicaciones directas y más preguntas que respuestas. Ahora exigen una auditoría.

SAN JUAN DEL RÍO, QRO., 12 DE AGOSTO DE 2026.— En San Juan del Río hay una pregunta que el Ayuntamiento tendrá que responder:

¿Dónde están 27 millones 911 mil 810 pesos del presupuesto destinado a alumbrado público?

No es una cifra menor. Tampoco una diferencia contable que pueda esconderse detrás de una explicación administrativa.

De acuerdo con la información revisada por un bloque de regidores de oposición, el Cabildo aprobó un techo financiero de 32 millones 716 mil 602.40 pesos, pero únicamente se identificaron procedimientos de contratación por 4 millones 804 mil 791.49 pesos.

La diferencia: 27 millones 911 mil 810.91 pesos.

¿En qué se gastaron?
¿Quién los ejerció?
¿Mediante qué contratos?
¿Quién autorizó las operaciones?
¿Y por qué no aparecen claramente identificados en las bitácoras financieras revisadas?

Son precisamente estas preguntas las que llevaron a los regidores Vania Camacho Galván, Oscar Mauricio Sandoval García “El Gallo” y Víctor Manuel Rocha Basurto a presentar una iniciativa para exigir una revisión profunda del ejercicio del FORTAMUN correspondiente a 2025 y 2026.

MÁS DE LA MITAD DEL FONDO, BAJO LA LUPA

El problema no termina en los casi 28 millones.

Los regidores aseguran haber encontrado que 51.3% de las aportaciones federales asignadas no fue sometido al escrutinio de la Secretaría de Administración, pese a que, según sostienen, debía intervenir el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios.

Si esto se confirma, la pregunta es inevitable:

¿Quién decidió que esas operaciones podían realizarse fuera de los controles institucionales?

Y todavía hay más.

¿CONTRATOS PARTIDOS PARA NO PASAR POR LOS CONTROLES?

La revisión preliminar también señala múltiples contrataciones que, según los regidores, habrían sido divididas para un mismo objetivo.

Uno de los casos señalados corresponde a servicios de seguridad privada para inmuebles municipales durante 2025.

La suma identificada alcanza 9 millones 369 mil 542 pesos.

La acusación política es delicada: contratos directos o mediante invitaciones restringidas que, al fragmentarse, podrían haber evitado controles que serían obligatorios para una contratación de mayor monto.

Pero aquí hay una diferencia fundamental:

una irregularidad no se demuestra con una sospecha. Se demuestra con documentos, auditorías y responsabilidades.

Y precisamente eso es lo que los regidores están exigiendo.

MÁS DE UN MILLÓN PARA UN “APOYO POLICIAL”

Otro expediente que quieren poner bajo el microscopio es la contratación de un despacho externo para operar un denominado “Programa de Apoyo Policial”, por más de un millón de pesos.

La contratación habría sido adjudicada directamente bajo argumentos de exclusividad técnica y patentes.

Los regidores cuestionan incluso que esas patentes existan y ponen sobre la mesa otra pregunta:

¿Qué resultados concretos produjo ese millón de pesos?

Porque si se utiliza dinero público para mejorar la seguridad, los ciudadanos tienen derecho a saber qué se obtuvo a cambio.

¿Mejor capacitación?

¿Menos quejas?

¿Mejor equipamiento?

¿Mayor capacidad operativa?

¿Resultados medibles?

Si no existen indicadores que permitan demostrarlo, el gasto merece ser revisado.

327 MILLONES PARA SEGURIDAD… ¿Y QUÉ ESTÁ RECIBIENDO EL POLICÍA?

El asunto cobra todavía mayor relevancia cuando se observa el tamaño del fondo.

El FORTAMUN 2026 señalado por los regidores asciende a 327 millones 817 mil 600 pesos.

Y entonces aparece otra pregunta incómoda:

Si hay cientos de millones disponibles, ¿por qué el Ayuntamiento necesita recurrir a empresas privadas y consultorías mientras persisten cuestionamientos sobre salarios, equipamiento y atención médica de los policías?

Los regidores quieren conocer los tabuladores salariales de 2024 a 2026, el estado del equipo táctico y la situación real de la cobertura médica de los elementos.

Porque la seguridad pública no se mide solamente en patrullas compradas o contratos firmados.

También se mide en las condiciones en las que trabaja quien sale todos los días a la calle a proteger a los ciudadanos.

AHORA LA PELOTA ESTÁ EN LA CANCHA DEL AYUNTAMIENTO

La propuesta fue turnada el 5 de agosto a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.

Si el Pleno la aprueba, los regidores plantean cuatro medidas:

Primero: que Administración y Finanzas entreguen en 15 días hábiles un informe detallado de las contrataciones, incluyendo expedientes técnicos, estudios de mercado y dictámenes.

Segundo: conocer las condiciones laborales, salariales, de equipamiento y cobertura médica de la corporación.

Tercero: realizar una auditoría especial a cargo del Órgano Interno de Control.

Cuarto: enviar el expediente a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro y a la Auditoría Superior de la Federación.

Y aquí está la verdadera prueba.

Porque una cosa es decir que todo está en orden.

Otra muy distinta es abrir los expedientes, poner los contratos sobre la mesa y permitir que los órganos fiscalizadores revisen peso por peso.

QUE HABLEN LOS DOCUMENTOS

Los regidores no están pidiendo que se condene a nadie antes de una investigación.

Están pidiendo algo mucho más elemental:

que se audite el dinero público.

Si los 27.9 millones están correctamente ejercidos, documentados y justificados, la auditoría deberá demostrarlo.

Si existen contratos fragmentados, omisiones de controles, adjudicaciones injustificadas o recursos cuyo destino no puede acreditarse, también deberá saberse.

Porque los 327 millones del FORTAMUN no son dinero de los funcionarios, ni de los partidos, ni del Ayuntamiento.

Son recursos públicos.

Y cuando casi 28 millones de pesos no pueden ser explicados con claridad en la documentación revisada, la pregunta deja de ser política.

Se convierte en una obligación de transparencia.

San Juan del Río merece saber dónde está cada peso.

Y si no hay nada que esconder, ¿por qué no auditarlo todo?