El GPM NO legitimará un proceso que debilita la autonomía del Fiscal Anticorrupción y concentra la designación en el Poder Ejecutivo.

El Grupo Parlamentario de Morena en la LXI Legislatura del Estado anunció que no participó en la comparecencia de las personas integrantes de la terna enviada por el Poder Ejecutivo para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, al considerar que el procedimiento actual vulnera la autonomía que debe caracterizar a dicha institución.

El coordinador Parlamentario de Morena en la Legislatura, Arturo Maximiliano García Pérez, sostuvo que la decisión no responde a intereses partidistas ni a un acto de confrontación política, sino a la obligación de defender instituciones sólidas e independientes.

«Esto no es un tema de capricho ni de venganza. Es un tema de responsabilidad pública y de compromiso con el combate a la corrupción. Lo que está en discusión no son las personas propuestas, sino un procedimiento que limita la participación ciudadana y concentra la decisión en el Poder Ejecutivo», afirmó.

Durante la conferencia de prensa, el Grupo Parlamentario de Morena recordó que en 2017 la designación del Fiscal Anticorrupción se realizó mediante una convocatoria pública y abierta, con registro de diez aspirantes, revisión de perfiles, presentación de proyectos de trabajo y comparecencias públicas. En contraste, la reforma vigente establece que el Gobernador envía una terna al Congreso y, de no alcanzarse un acuerdo legislativo en un plazo de 30 días, la designación queda directamente en manos del Ejecutivo, lo anterior luego de una reforma que se hizo en junio del 2024, cuando Acción Nacional se percató que no tendría mayoría en esta Legislatura.

Para el grupo legislativo, este esquema representa un retroceso en materia de transparencia, rendición de cuentas y legitimidad al reducir las posibilidades de una evaluación amplia y plural de los perfiles aspirantes.

Arturo Maximiliano subrayó que una Fiscalía Anticorrupción sólo puede cumplir adecuadamente su función si quien la encabeza goza de plena independencia frente a los poderes públicos.

«Lo que buscamos es garantizar institucionalidad y autonomía. La lucha contra la corrupción exige autoridades libres de presiones e intereses políticos, capaces de investigar a cualquier servidor público sin importar su cargo o filiación», expresó.

Por su parte, el diputado Eric Silva Hernández advirtió que permitir que el Ejecutivo controle de manera determinante el proceso de designación genera dudas legítimas sobre la imparcialidad de la institución encargada de investigar posibles actos de corrupción gubernamental.

El legislador señaló que la Fiscalía Anticorrupción debe ser un contrapeso efectivo y no una instancia subordinada a quien eventualmente pudiera ser objeto de investigaciones o denuncias.

«Lo que defendemos es que exista una verdadera justicia en Querétaro y que cualquier acto de corrupción pueda ser investigado por una autoridad imparcial e independiente», afirmó.

El Grupo Parlamentario de Morena reiteró que su ausencia en la comparecencia no significa desinterés por el combate a la corrupción ni evasión de sus responsabilidades legislativas. Por el contrario, insistió en que continuará impulsando reformas para recuperar un modelo de designación abierto, transparente y participativo.

Asimismo, recordó que las diputadas Claudia Díaz Gayou y Blanca Flor Benítez Estrada, junto con el diputado Eric Silva Hernández, presentaron una iniciativa para devolver al Congreso la facultad de emitir una convocatoria pública y abierta para la elección del Fiscal Anticorrupción, privilegiando la evaluación de perfiles, la transparencia y la participación ciudadana.

Finalmente, el Grupo Parlamentario de Morena reiteró que la construcción de instituciones autónomas es una condición indispensable para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar que el combate a la corrupción se ejerza sin condicionamientos políticos ni intereses particulares.