Familia Calzada acapara agua en Querétaro y la usa fuera de fines agrícolas

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló un caso que exhibe posibles irregularidades en el uso de concesiones de agua en Querétaro, al señalar directamente a la familia Calzada por presuntamente utilizar títulos agrícolas para fines distintos a la producción de alimentos.

De acuerdo con la información expuesta, la familia —integrada políticamente por el exgobernador José Calzada Rovirosa, el diputado federal Mario Calzada Mercado y la diputada local Teresita Calzada Rovirosa— concentra aproximadamente 628 mil metros cúbicos de agua en cinco títulos de concesión, ubicados en uno de los acuíferos más deficitarios del país.

Estas concesiones fueron otorgadas bajo el esquema de uso agrícola, lo que implica que no generan pago de derechos ante la Comisión Nacional del Agua, al tratarse de agua destinada a la producción de alimentos. Sin embargo, tras una revisión en el marco de la nueva legislación en materia hídrica, se detectó que el recurso estaría siendo utilizado con otros fines.

Entre los usos señalados se encuentra la comercialización de agua mediante pipas, así como el abastecimiento a desarrollos inmobiliarios y a instalaciones privadas, como un club de polo vinculado a la misma familia.

El caso pone en evidencia una práctica que durante años operó bajo vacíos de supervisión: concesiones agrícolas que, en los hechos, terminaban siendo utilizadas para actividades comerciales sin el reporte correspondiente a la autoridad.

Según lo expuesto, aunque la normativa establecía la obligación de informar cambios de uso del agua, en la práctica estos no eran reportados, lo que permitía mantener beneficios fiscales mientras el recurso era redirigido a otros sectores.

El señalamiento se da en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos en Querétaro, entidad que enfrenta estrés hídrico derivado del crecimiento urbano y la sobreexplotación de sus acuíferos.

La discusión se inserta además en el debate nacional sobre una nueva ley de aguas, donde uno de los principales ejes es evitar que las concesiones sean utilizadas con fines distintos a los autorizados, así como garantizar el acceso equitativo al recurso.

Hasta el momento, no se ha informado sobre posibles sanciones o procesos administrativos derivados de este caso. Sin embargo, la exposición pública del tema coloca bajo escrutinio el uso de concesiones en el estado y reabre el debate sobre la regulación del agua en México.

El caso de la familia Calzada se perfila así como uno de los ejemplos más visibles de las distorsiones en el sistema de concesiones, en un momento en que el país discute si el agua debe priorizarse como un derecho o como un recurso sujeto a aprovechamiento económico.