“Fiscalización incompleta: programas millonarios sin evaluación de resultados”

Carlos Renteria en Entrevista con David Smeke.

Durante diez años, el dinero de los queretanos —sí, el de tus impuestos— se movió entre oficinas, programas y obras públicas sin que nadie hiciera la pregunta más básica: ¿se usó bien o no? Hoy, la respuesta es tan incómoda como alarmante: no lo sabemos.

Lo que acaba de destaparse en la Legislatura local no es un simple tecnicismo administrativo. Es un posible caso de omisión sistemática que raya en lo escandaloso. Durante una década completa, las llamadas cuentas públicas —los documentos que explican en qué se gasta cada peso del erario— no fueron realmente revisadas por el Poder Legislativo, a pesar de que la ley lo exige.

La historia parece sacada de un manual de impunidad: un órgano técnico, la Entidad Superior de Fiscalización, entregaba informes año tras año… y los diputados simplemente los dejaban pasar directo a publicación oficial. Sin análisis. Sin discusión. Sin responsabilidad.

La bomba, auditorías incompletas… o inexistentes

El problema no termina ahí. La reciente revisión —impulsada por una comisión creada apenas en diciembre— revela algo todavía más grave:

• De 97 entidades obligadas a rendir cuentas, solo se auditaron 56.
• De los 14 aspectos que por ley deben revisarse, nunca se evaluaron todos.
• En muchos casos, ni siquiera se revisaron los ingresos, es decir, el dinero que entra.
• Y lo más escandaloso: no se auditó el desempeño de ningún programa público.

Traducción simple: no solo no sabemos si el dinero se gastó bien, tampoco sabemos si sirvió para algo.

 El “reino del dedito”

Expertos que participaron como observadores han señalado una práctica peligrosa: auditorías hechas “a discreción”, sin metodologías claras. En otras palabras, se revisa lo que el auditor quiere revisar.

A esto lo llaman, irónicamente, el “reino del dedito”: elegir contratos, obras o programas a conveniencia. Un sistema que, sin controles reales, abre la puerta a favoritismos… o a encubrir irregularidades.

Transparencia… ¿o simulación?

El discurso oficial ha presumido durante años un gobierno transparente. Pero los hechos cuentan otra historia:

• Información clave fue negada incluso a la propia Legislatura.
• Se detectaron reportes que exponen datos personales de proveedores, violando derechos básicos.
• Se señalan “incumplimientos” sin procesos previos, poniendo en duda la legalidad de los informes.

Y mientras tanto, programas millonarios siguen operando sin que nadie pueda responder algo esencial:
¿funcionan o solo consumen presupuesto?

Lo que viene: una decisión histórica

Ahora, todo está en manos del pleno legislativo. Tienen dos caminos:

1. Aceptar el dictamen y reconocer que durante años no se fiscalizó correctamente el dinero público.
2. Rechazarlo y mantener el sistema tal como está: opaco, discrecional y sin consecuencias.

El problema es que ya hay señales preocupantes. Algunos actores políticos han comenzado a argumentar que la comisión “no tenía facultades”… las mismas que ellos aprobaron por unanimidad.

El fondo del escándalo

Esto no es solo un pleito político. Es una pregunta directa al corazón del sistema:

¿Quién vigilaba el dinero de los ciudadanos… cuando nadie vigilaba a los vigilantes?

Porque si durante diez años no hubo revisión real, la duda ya no es si hubo errores.
La duda es qué tanto ocurrió sin que nadie lo viera… o sin que nadie quisiera verlo.

Entrevista completa en: