Gayou responde y abre debate sobre cuentas públicas de la última década

La discusión sobre un presunto conflicto de interés en la Comisión Especial de Vigilancia del Informe General e Informes Individuales de las Cuentas Públicas encendió el pleno de la Legislatura del Estado. La diputada Claudia Gayou, presidenta de dicha comisión, respondió públicamente a los señalamientos y, lejos de limitarse a una defensa personal, abrió un debate de mayor alcance: la legalidad del procedimiento con el que se han dictaminado las cuentas públicas en los últimos años.

En un posicionamiento dirigido a medios y legisladores, Gayou sostuvo que actuó conforme a la ley desde el primer momento en que identificó un posible conflicto de interés relacionado con un municipio.

Detalló que el 6 de febrero solicitó formalmente a la Presidencia de la Mesa Directiva ser excusada de participar “en la atención, tramitación o resolución” del informe correspondiente. Ante la falta de respuesta, el 17 de febrero reiteró la petición, recordando que la ley establece un plazo de 48 horas para emitir el acuerdo respectivo, previo a la sesión de comisión programada para el 20 de febrero.

Según explicó, al no haber respuesta oficial, en la sesión del 20 de febrero no se incluyó el informe en cuestión y se decretó un receso en espera de la determinación de la Mesa Directiva, la cual —afirmó— hasta la fecha no le ha sido notificada.

La legisladora calificó como “dolosos” los señalamientos hechos en la sesión de pleno anterior, al considerar que se basan en desconocimiento o mala fe. Recordó que desde el inicio de su periodo declaró la empresa de la que es socia en su manifestación de posible conflicto de interés, cumpliendo con la obligación legal de transparencia.

También puntualizó que las observaciones contenidas en el informe referido no son atribuibles a su persona ni a la empresa señalada, sino —según el propio documento— a la entidad fiscalizada por la falta de entrega de documentación relacionada con servicios prestados. En ese sentido, subrayó que será el municipio y sus funcionarios quienes deban aclarar dicha situación.

Sin embargo, el punto más delicado de su intervención no fue su defensa individual, sino el cuestionamiento institucional que planteó al procedimiento legislativo.

Gayou señaló que, si la nueva forma en que el pleno pretende dictaminar las cuentas públicas es la correcta, entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué ocurre con las cuentas públicas que no siguieron ese trámite?

“¿Hay más de diez años de cuentas públicas pendientes de dictaminar por el proceso correcto?”, cuestionó públicamente, ampliando el foco del debate más allá de su caso personal.

La diputada anunció que solicitará al pleno que la Comisión de Vigilancia que preside conozca en breve de las cuentas públicas que pudieran estar pendientes de dictaminar, bajo el argumento de que “los queretanos merecen saber qué se hizo con su dinero en la última década”.

El posicionamiento coloca a la Legislatura ante una doble tensión: por un lado, el análisis del posible conflicto de interés de una diputada; por otro, la revisión del procedimiento histórico con el que se han aprobado —o no— las cuentas públicas.

En un contexto donde la fiscalización y la transparencia son ejes centrales del discurso político, el debate apenas comienza. La respuesta de la Mesa Directiva y el eventual acuerdo sobre la excusa solicitada serán claves para determinar si el tema se mantiene en el plano personal o escala hacia una revisión más profunda del funcionamiento legislativo en materia de control del gasto público.

Lo que sí es claro es que la discusión ya dejó de ser únicamente sobre una diputada; ahora toca fibras más sensibles: la legalidad de los procedimientos y la rendición de cuentas de la última década en Querétaro.

Y yo me pregunto y cuestionó, ¿este señalamiento, realmente tiene un fondo de fiscalización o político? :

¿Tiene relación con la denuncia por violencia política en razón de género que la diputada interpuso contra otro legislador?
¿Influye el hecho de que el consejo de fiscalistas que presentó haya comenzado a emitir posicionamientos y análisis incómodos?
¿O guarda relación con que su nombre comienza a aparecer en estadísticas y mediciones rumbo a un nuevo cargo de elección popular?
No son afirmaciones, son preguntas legítimas en un contexto donde la política raramente es lineal.