La LXI Legislatura de Querétaro: Una oportunidad histórica atrapada entre la voluntad política y el inmovilismo

Arturo Maximiliano-Diputado Local

La LXI Legislatura del Congreso de Querétaro se perfila como una de las más relevantes en la historia reciente del estado, no solo por su diversidad política y de ideas, sino también por las profundas tensiones internas que enfrenta. De acuerdo con las declaraciones del diputado Arturo Maximiliano García, este periodo legislativo ha sido testigo de un número importante de propuestas innovadoras y reformas trascendentales que, sin embargo, permanecen estancadas en un pantano de tecnicismos y omisiones institucionales.

Una legislatura diversa… pero paralizada

Desde la reforma del Poder Judicial hasta iniciativas sobre derechos reproductivos y medio ambiente, los temas que se han puesto sobre la mesa en esta legislatura son de alto impacto para la sociedad queretana, sin embargo muchas de estas propuestas ni siquiera han llegado a discusión en las comisiones correspondientes.

“Todas las semanas presentamos iniciativas”, menciona Arturo Maximiliano, “pero no se están discutiendo. No se están volviendo leyes.” La razón, según el legislador de Morena, tiene mucho que ver con una controvertida reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo aprobada durante la anterior legislatura, la número 60, justo antes del cambio de mayoría.

Una ley con “plan con maña”

El diputado señala que  fue diseñada estratégicamente para mantener el control de los órganos internos del Congreso —en particular de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y de diversas dependencias administrativas— en manos de partidos que ya no representan la mayoría legislativa.

Arturo Maximiliano afirma que con la entrada de la nueva legislatura, en la que Morena obtuvo 14 de los 25 escaños, la ley fue modificada para que la presidencia de la JUCOPO no recayera en el partido con más diputaciones, como antes lo establecía, sino en el partido con mayor número de votos obtenidos. Este ajuste, según el diputado, fue hecho con cálculo electoral previo: “Lo hicieron ex profeso sabiendo que, aunque no tuvieran más curules, sí podrían argumentar más votos.”

Esta maniobra, calificada como “antidemocrática” por el legislador, ha sido impugnada tanto en tribunales locales como ante la Suprema Corte, con argumentos que relacionan estos cambios con la afectación de derechos políticos y electorales fundamentales.

El poder de los no electos

Uno de los puntos más críticos en el actual funcionamiento del Congreso local es el cambio en el mecanismo de turnado de iniciativas. Una facultad clave que solía estar en manos de la mesa directiva ahora ha pasado a una dependencia técnica: la Secretaría de Servicios Parlamentarios. Este órgano, compuesto por funcionarios no electos, tiene ahora la capacidad de decidir a qué comisión se turna una iniciativa, lo que según García ha generado serios problemas operativos y legales.

“Es como si un secretario de gabinete estuviera por encima del gobernador”, resume el legislador.

Despenalización del aborto: un ejemplo del estancamiento

Entre las muchas iniciativas congeladas, destaca la de la despenalización y legalización del aborto. “Es un tema que ya fue resuelto por la Corte”, recuerdael diputado, “y las entidades federativas deben adecuar su legislación.” No obstante, tanto esta propuesta como muchas otras —relacionadas con movilidad, medio ambiente o derechos de las infancias— siguen sin avanzar. Algunas incluso están ya fuera de plazo, en abierta contradicción con lo estipulado por el Congreso de la Unión.

El diputado recalca que estas no son iniciativas personales, sino demandas ciudadanas recogidas a través de su trabajo territorial.  A pesar de su origen legítimo y el respaldo ciudadano, muchas de estas propuestas ni siquiera han sido leídas en comisiones.

Voluntad política: la gran ausente

“Lo que falta es voluntad política”, concluye el Diputado. Una frase repetida a lo largo de la conversación, que apunta al núcleo del problema: no es un tema de capacidad legislativa ni de desconocimiento técnico, sino de una negativa sistemática a debatir y decidir.

Para Arturo Maximiliano, la responsabilidad de los legisladores no termina con levantar la mano en campaña, sino que inicia realmente al sentarse a legislar. “Nos pagan para hacer leyes, y si no lo hacemos, hay una responsabilidad pública, política y ética ante la ciudadanía.”

En una legislatura que se vislumbra histórica por sus oportunidades de transformación, las decisiones —o la falta de ellas— también quedarán registradas en la memoria colectiva. Y si el Congreso de Querétaro no actúa con la seriedad que exige el momento, podría ser recordado no por lo que logró, sino por lo que dejó de hacer.

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