Ley de Ingresos: la raíz de la desigualdad en Querétaro

El debate sobre el Presupuesto de Egresos 2026 en Querétaro abrió una discusión que durante años fue evitada: la injusticia estructural en la distribución de los recursos públicos. El Foro “Presupuesto para el Pueblo”, encabezado por legisladores de la Cuarta Transformación, dejó claro que no basta con revisar cuánto se gasta; es urgente revisar cómo se recauda y bajo qué criterios se reparte. Ahí es donde la Ley de Ingresos del Estado se convierte en el verdadero problema de fondo.

Durante el foro, la diputada del PT e integrante de la Cuarta Transformación, Claudia Díaz Gayou, fijó una postura contundente: si el presupuesto estatal no sirve para reducir la desigualdad social entre los municipios, simplemente no será aprobado. Su señalamiento no es menor. Desde su análisis de las Leyes de Ingresos de Querétaro, San Juan del Río y Corregidora, quedó evidenciado que el modelo actual premia a los municipios con mayor recaudación y castiga a los más pobres.

La fórmula vigente prioriza población y recaudación por encima de las condiciones reales de marginación. Así, la riqueza se sigue concentrando donde ya existe desarrollo, mientras la Sierra Gorda, el Semidesierto y las comunidades rurales siguen atrapadas en rezagos históricos de caminos, agua, salud y conectividad. En Querétaro, la pobreza no solo duele: también resta presupuesto.

A este modelo desigual se suma un elemento todavía más delicado, expuesto por el diputado Eric Silva Hernández: el 64% del presupuesto estatal es de libre disposición, es decir, no está etiquetado. Son más de 38 mil millones de pesos que no tienen destino específico, lo que abre la puerta a la discrecionalidad, la opacidad y a decisiones alejadas de las verdaderas necesidades sociales.

Silva fue claro al preguntar: ¿dónde está la justicia en un presupuesto donde la mayoría de los recursos no tiene “nombre y apellido”? Las comunidades —dijo— no tienen puentes, no tienen agua, no tienen caminos dignos. Por eso, desde su visión, el dinero debe estar etiquetado para infraestructura social, especialmente en los municipios con mayor pobreza.

Lo que hoy se discute en Querétaro no es solo un presupuesto, sino dos modelos de Estado. Uno, el del escaparate: grandes obras, desarrollos inmobiliarios, cifras macroeconómicas. Y otro, el de la realidad cotidiana: comunidades aisladas, servicios insuficientes, territorios olvidados que solo aparecen en la agenda cuando hay lluvias, desastres o crisis.

Ajustar la Ley de Ingresos no es populismo. Es justicia fiscal. Es reconocer que quienes menos tienen deben recibir más apoyo del Estado, no menos. Es entender que sin un cambio en la fórmula de recaudación y distribución, cualquier presupuesto será solo un maquillaje que perpetúa la desigualdad.

Hoy, con una nueva correlación de fuerzas en el Congreso, existe una oportunidad histórica para corregir el rumbo. Si no se toca la Ley de Ingresos, el Presupuesto 2026 nacerá injusto desde su origen. Si se corrige, Querétaro puede dar un primer paso real hacia un modelo de desarrollo que no deje a nadie atrás.

La ciudadanía ya habló en el foro.
Ahora le toca al Congreso decidir si el presupuesto seguirá siendo para unos cuantos… o si, por primera vez, será verdaderamente para el pueblo.