Maestros de Querétaro denuncian pérdida de pensión estatal, caso llega a instancias internacionales

Alma Elizabeth Hérnandez Licenciada en Entrevista con David Smeke 

Durante más de cinco años, un grupo de maestros vinculados a la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) ha denunciado la presunta pérdida de su derecho a una pensión estatal, una situación que —según sus representantes legales— habría sido resultado de decisiones administrativas que los clasificaron como trabajadores federales para evitar que el estado pague dicha prestación.

La abogada Alma Elizabeth —quien representa a varios docentes— explicó que el conflicto se centra en la interpretación de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, que reconoce dos figuras de seguridad social para los empleados públicos: la jubilación y la pensión por vejez.

De acuerdo con la legislación estatal, los trabajadores pueden acceder a la jubilación tras cumplir alrededor de 28 a 30 años de servicio, dependiendo de los convenios aplicables, mientras que la pensión por vejez se obtiene al cumplir 60 años de edad y al menos 15 años de servicio, con un monto que puede incrementarse progresivamente hasta el 100 por ciento del salario.

Sin embargo, el caso de los docentes se remonta a 1992, cuando la educación básica fue descentralizada en México mediante un acuerdo nacional que transfirió la administración de las escuelas a los gobiernos estatales. En Querétaro, a partir de ese proceso se creó USEBEQ, organismo que absorbió a maestros que anteriormente dependían de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Según la abogada, los docentes fueron transferidos al nuevo sistema conservando todos sus derechos laborales, incluida la posibilidad de acceder a la pensión estatal. Con el paso del tiempo, muchos comenzaron a cumplir los requisitos para solicitarla.

No obstante, afirma que en años recientes el gobierno estatal habría comenzado a clasificar a la mayoría de los trabajadores como “federales”, lo que en la práctica impediría otorgarles la pensión estatal, pese a que continúan laborando en un organismo del gobierno de Querétaro.

“En los estudios actuariales publicados por la propia USEBEQ aparecen los trabajadores divididos entre ‘federales’ y ‘estatales’. Esa clasificación permite otorgar la pensión estatal sólo a algunos, mientras a otros se les niega el mismo derecho”, señaló.

De acuerdo con la defensa legal, existen registros públicos que muestran que algunos trabajadores sí reciben la pensión estatal, con montos que varían desde aproximadamente 12 mil hasta más de 100 mil pesos mensuales. Sin embargo, otros docentes que aseguran cumplir con los mismos requisitos han visto rechazadas sus solicitudes.

Ante esta situación, los afectados iniciaron un proceso legal que incluyó recursos ante juzgados federales y tribunales colegiados, los cuales finalmente llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo tribunal resolvió que no es posible recibir dos pensiones derivadas de la misma actividad laboral, criterio que fue aplicado para negar el beneficio estatal a los docentes que ya cuentan con pensión federal a través del ISSSTE.

Para la defensa, el problema radica en que la medida no se aplica de forma uniforme, ya que existen trabajadores que sí mantienen ambos beneficios.

Tras agotarse los recursos en México, el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde actualmente se encuentra en fase de análisis para determinar si se admite a trámite.

La abogada explicó que el litigio involucra a alrededor de 300 maestros representados legalmente, aunque el posible impacto podría alcanzar a más de 17 mil trabajadores del sistema educativo estatal, según estimaciones basadas en estudios actuariales del propio gobierno.

Los docentes sostienen que no buscan retirar beneficios a otros trabajadores, sino que se respete el derecho establecido en la legislación estatal. Mientras tanto, el proceso internacional podría tardar varios años antes de llegar a una resolución.

El caso ha reavivado el debate sobre el reconocimiento de derechos laborales en el sector educativo, considerado por muchos especialistas como uno de los más presionados en materia de prestaciones y seguridad social en el país.

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