Morena presenta iniciativa para armonizar ley de Querétaro con la Ley General contra la Extorsión

El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local presentó una iniciativa para armonizar la legislación penal de Querétaro con la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con el objetivo de fortalecer el combate a este delito, mejorar la coordinación entre autoridades y brindar mayor protección a las víctimas.

Durante una rueda de prensa, legisladores de Morena explicaron que la propuesta deriva de una reforma constitucional federal que estableció un marco nacional obligatorio en materia de extorsión, por lo que las entidades federativas están legalmente obligadas a adecuar sus códigos penales. Señalaron que la extorsión ha evolucionado y hoy opera de manera organizada, interestatal y mediante el uso de tecnologías, lo que hace insuficiente su abordaje desde legislaciones locales aisladas.

La iniciativa plantea derogar el tipo penal local de extorsión contenido en el Código Penal del Estado —específicamente el artículo 198 y el capítulo correspondiente— para que este delito sea perseguido y sancionado exclusivamente bajo el marco de la Ley General. Los promoventes subrayaron que esta medida no significa despenalizar la extorsión, sino, por el contrario, fortalecer su persecución con reglas claras y uniformes a nivel nacional.

De acuerdo con lo expuesto, la armonización permitirá evitar duplicidades normativas, cerrar vacíos legales y mejorar la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, especialmente en casos donde la extorsión se comete desde otros estados o incluso desde centros penitenciarios. Municipios de la zona metropolitana y San Juan del Río, indicaron, han resentido un incremento de este delito en perjuicio de comercios, familias y personas adultas mayores.

Uno de los puntos centrales de la Ley General es que la extorsión se persigue de oficio, lo que elimina la carga para la víctima de presentar denuncia, y establece sanciones severas para servidores públicos que, teniendo conocimiento del delito, no lo denuncien. La pena básica propuesta, homologada a la legislación federal, va de 15 a 25 años de prisión, con agravantes que pueden elevarla hasta 42 años, frente a las penas actuales en Querétaro de entre 4 y 10 años.

Legisladores federales y locales presentes destacaron que esta estrategia forma parte de un enfoque integral contra la extorsión, respaldado a nivel nacional por acuerdos entre la Federación y los gobiernos estatales. También señalaron avances recientes en indicadores de seguridad a nivel nacional, aunque reconocieron que el delito de extorsión sigue siendo uno de los más dolorosos y con mayor cifra negra.

La iniciativa cuenta con el respaldo de diputadas y diputados de Morena, así como de legisladores del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, y fue presentada como una obligación constitucional y un compromiso con la ciudadanía, más allá de intereses partidistas.

Finalmente, los promoventes hicieron un llamado a todas las fuerzas políticas para aprobar la propuesta, al considerar que armonizar la ley local con el marco federal es un paso necesario para fortalecer el Estado de derecho y responder de manera más eficaz a un delito que afecta la paz social y la economía de las familias queretanas.