PT acusa omisión legislativa y advierte riesgos en reforma judicial propuesta por el Ejecutivo en Querétaro

Querétaro, Qro 9 de febrero del 2026. Integrantes de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) ofrecieron una rueda de prensa para exponer lo que calificaron como una grave omisión legislativa y una serie de inconsistencias, riesgos y posibles beneficios a grupos de poder en torno a la reforma constitucional del Poder Judicial en el estado de Querétaro.

Durante el encuentro con medios, señalaron que el Congreso local debió haber aprobado la armonización de la reforma judicial desde el año pasado, conforme a los plazos establecidos por la Constitución, por lo que actualmente el Poder Legislativo se encuentra a contrarreloj y en incumplimiento legal.

Los legisladores recordaron que desde el 5 de enero de 2025, la fracción del PT presentó una iniciativa de reforma constitucional y de leyes secundarias en materia judicial, la cual posteriormente fue complementada con propuestas del grupo parlamentario de Morena. Dichas iniciativas, afirmaron, ya habían sido analizadas en Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales, presididas por el diputado Guillermo Vega.

De acuerdo con el PT, el 24 de abril de 2025 dichas comisiones aprobaron un dictamen que incluso fue remitido a los ayuntamientos, los cuales ya lo avalaron, quedando únicamente pendiente su discusión y votación en el Pleno. Sin embargo, el pasado 3 de febrero de 2026, el titular del Poder Ejecutivo estatal presentó una nueva iniciativa de reforma judicial, lo que evidenciaría —según los petistas— una falta de comunicación y una división interna dentro del Partido Acción Nacional (PAN) entre su grupo parlamentario y el propio Ejecutivo.

Omisiones y posibles reformas “a modo”

La fracción del PT advirtió que la iniciativa enviada por el Ejecutivo presenta omisiones sustanciales respecto a lo que mandata la reforma constitucional federal, entre ellas:

• La posibilidad de imponer requisitos adicionales a candidatos a jueces y magistrados, lo que podría limitar la participación ciudadana y abrir la puerta a una reforma “a modo”.

• La inclusión de funcionarios públicos, dirigentes partidistas, integrantes de ayuntamientos, consejeros electorales y fiscales como posibles magistrados, algo que —aseguraron— compromete la imparcialidad judicial.

• La creación de suplencias para jueces y magistrados, figura que no contempla la Constitución federal.

• La ausencia de reglas claras sobre el proceso de selección, convocatorias, comités de evaluación, financiamiento de campañas, duración de las mismas y participación del Instituto Electoral.

• La omisión de plazos máximos de resolución de asuntos, que a nivel federal se establecen en seis meses.

• Falta de regulación sobre el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración.

• La apertura para incrementar el número de magistrados, contraviniendo el principio de austeridad.

Asimismo, alertaron sobre un posible alargamiento indebido de los periodos de magistrados, que podrían exceder los seis o nueve años que establece la reforma federal, llegando incluso a superar los doce años mediante interpretaciones discrecionales.

Haberes de retiro y técnica legislativa

Uno de los puntos más críticos señalados fue la propuesta de haberes de retiro para jueces y magistrados, que implicaría pagos millonarios con recursos públicos. Según detallaron, magistrados podrían recibir hasta seis años de sueldo mensual al concluir su encargo, mientras que jueces con determinada antigüedad tendrían compensaciones de varios años, aun sin concluir su periodo.

Además, acusaron deficiencias en la técnica legislativa de la iniciativa del Ejecutivo, como el uso incorrecto de denominaciones oficiales del Poder Legislativo, lo que podría derivar en futuras impugnaciones o acciones de inconstitucionalidad.

Coincidencias y postura final

Pese a las críticas, el PT aclaró que acompañará aquellos puntos que consideren positivos, como el fortalecimiento de la justicia cívica, la justicia restaurativa, la reparación del daño y la incorporación de mecanismos alternativos de solución de controversias, alineados con reformas federales impulsadas desde 2024.

Finalmente, los legisladores reiteraron que su postura será defender una reforma que cumpla estrictamente con la Constitución, rechazando cualquier intento de beneficiar a “las mismas familias de siempre” o de aprobar una reforma “mocha”, tardía y diseñada para unos cuantos.

“Querétaro merece una justicia imparcial, transparente y acorde a la Constitución, no una reforma hecha al vapor ni a la medida del poder en turno”, concluyeron.

Rueda de prensa: