QUE ES LA FISCALIZACIÓN: 

En términos de lo establecido en el Artículo 41 de la Constitución, los partidos políticos y candidatos independientes reciben una prerrogativa económica, o financiamiento público. En términos del Artículo 53 de la Ley General de Partidos Políticos reciben financiamiento privado bajo la modalidad de aportaciones de militantes y simpatizantes, autofinanciamiento, incluso rendimientos financieros fondos y fideicomisos. Por esta dualidad de las entidades de interés público, el Estado Mexicano tiene vigilado su manejo correcto, preservación y existencia; de ahí la importancia de la fiscalización en los procesos electorales.

La conformación del sistema democrático mexicano, centra la necesidad de fiscalización en los procesos electorales y a los participantes de los mismos, porque son entidades del máximo interés del Estado que realizan la primordial misión de mantener activo el sistema de participación democrático. Que los participantes de los procesos electorales reciban un financiamiento mixto (público y privado), refuerza la necesidad de fiscalizar no sólo el destino de los recursos sino su mismo origen. Esta fiscalización es para preservar la confianza ciudadana, y de alguna manera garantizar que no existen intereses específicos que patrocinen, impongan o creen parcialidad en el desempeño del proceso electoral, una aspiración legítima pero de facto difícil de lograr.

El Instituto Nacional Electoral, tiene dentro de sus atribuciones constitucionales y legales la Facultad de revisar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos; a efecto de comprobar que sean utilizados de manera correcta, es decir para los fines que les fueron destinados conforme a la norma constitucional; así el financiamiento ve los partidos sólo puede ubicarse bajo tres rubros: 

Actividades ordinarias, Gastos del proceso electoral, Actividades específicas 

Para ayudar al trabajo y funciones del INE, se incluyen al Consejo General del INE, la Comisión de Fiscalización y la Unidad Técnica de Fiscalización; las cuales hacen uso de mecanismos similares a los de las autoridades fiscales; como son: visitas de verificación, compulsas con terceros, fiscalización electrónica y monitoreo.

El financiamiento de los partidos políticos y de los organismos electorales a nivel federal y estatal es un tema central del actual debate político en México. Por un lado, existen voces críticas que señalan que es excesivo el monto de los recursos económicos de origen público que reciben los partidos e instituciones electorales, mientras que, por otro lado, se argumenta que para poder fortalecer y consolidar la naciente democracia política es necesario otorgar recursos suficientes a los partidos como instituciones esenciales de todo régimen democrático.

Este debate ha sido generado por tres razones fundamentales: primero, por el alto monto del financiamiento que reciben los partidos con registro nacional; segundo, por la situación de precariedad y recesión económica en la que ha entrado la economía mexicana en los últimos años; y, tercero, por algunos escándalos financieros que se han generado en los partidos, así como por la poca transparencia en el manejo de estos recursos públicos y la percepción de que no se obtiene por parte de la sociedad algún beneficio tangible con este gasto.

Sin embargo, más allá del debate coyuntural surge, por un lado, la inquietud sobre la necesidad de reducir el monto de los recursos públicos que se destinan a estos institutos políticos y, por otro lado, sobre la urgencia de que los partidos políticos refuercen y rediseñen sus estrategias para agenciarse recursos provenientes de otras fuentes lícitas de financiamiento como las cuotas y aportaciones de sus militantes, para hacer menos gravosas las elecciones al erario público.

El financiamiento de los partidos políticos con recursos públicos no es exclusivo de México, es muy común encontrar en las diferentes democracias del mundo ejemplos en los que se destinan apoyos económicos a los partidos para financiar ya sean sus campañas o incluso sus actividades permanentes. Este financiamiento, para algunos casos, data desde la mitad del siglo XX.

El alto financiamiento que reciben los partidos políticos y los organismos electorales lo único que ha generado han sido partidos políticos ricos, medios masivos de comunicación y agencias de publicidad opulentas y una burocracia partidista acaudalada. El valor que han incorporado los institutos políticos y los actores políticos a la sociedad es escaso y a todas luces insuficiente.

El sistema de partidos políticos y la naciente democracia mexicana necesita contar con el apoyo financiero proveniente de fondos públicos, sin embargo, el monto del financiamiento tiene que ser mucho menor a lo que se está proporcionando en la actualidad a los partidos. En este sentido, sí es posible reducir el monto del presupuesto de origen público asignado a los partidos políticos y a las autoridades electorales sin ocasionar daños al sistema de partidos políticos, su nivel de institucionalización y competitividad. De hecho, en otros países con democracias consolidadas, como el caso de los Estados Unidos, los partidos políticos han generado todo un sistema de ingeniería financiera para recolectar recurso proveniente del sector privado, que se convierte en la fuente principal de financiamiento de sus actividades.

Las consecuencias negativas que ha traído la dependencia excesiva de los partidos políticos de las finanzas públicas son varias, entre las que sobresalen, la subordinación crónica respecto del Estado, descontento y crítica de la ciudadanía ante los escándalos financieros, la pérdida de contacto con la sociedad, lo complicado de la maquinaria electoral para agenciarse recursos de fuentes privadas, la corrupción y la baja eficiencia en el uso de sus presupuestos.

Lo que se propone, es lograr un sano balance y ajuste del presupuesto que reciben los partidos, de tal forma que se adecue a las realidades económicas del país. Con menos recursos de origen público para los partidos políticos, se puede esperar el uso más racional de estos recursos y que el nivel de confianza ciudadana en estas instituciones pueda aumentar, mejorando a su vez la confianza de los mexicanos en su democracia en la medida que los partidos políticos son instituciones básicas de todo sistema democrático.