¿Qué hay detrás del Batán? Un proyecto millonario, muchas dudas y más preguntas que respuestas

Carlos Rentería-Ex Candidato a Senador.

Querétaro enfrenta una decisión trascendental: la aprobación de un megaproyecto hídrico conocido como “El Batán”, presentado como la solución a la creciente crisis de agua en el estado. Sin embargo, entre los discursos oficiales que lo defienden con términos técnicos y visiones futuristas, ciudadanos, expertos y algunos legisladores comienzan a alzar la voz con una pregunta incómoda pero fundamental: ¿cómo se va a pagar esto, a quién se le va a pagar y por qué?

La conversación entre el periodista David Smeke y  Carlos Rentería, revela los aspectos más controversiales y oscuros del proyecto: una deuda disfrazada, una privatización velada y una estructura financiera que compromete las finanzas del estado durante tres décadas.

Una deuda que no se llama deuda

El gobierno ha insistido en que el Batán no implica deuda pública, sino una “obligación de pago” derivada de una Asociación Público-Privada (APP). Pero como dice Rentería, “si tienes que pagar algo por 30 años con intereses incluidos, eso es deuda aunque le pongas otro nombre”. Bajo el esquema propuesto, el gobierno no ejecutará directamente la obra, sino que se la entregará a un particular que, con sólo el 5% del capital requerido (alrededor de 500 millones de pesos), buscará financiamiento externo para completar los más de 11 mil millones de pesos que costará el proyecto.

Lo escandaloso, según Rentería, es que el Estado no sólo le permitirá a esta empresa pedir dinero prestado, sino que se compromete a pagar también los intereses de ese préstamo, blindando el flujo de ingresos a través de un fideicomiso que primero pagará al particular y después, si sobra, a la Comisión Estatal de Aguas (CEA).

Una privatización sin decir la palabra

Aunque el gobierno asegura que el servicio seguirá siendo público, la realidad apunta en otra dirección. “Si le das a un particular una función que debería cumplir el Estado, eso es privatización”, señala tajantemente Rentería.

El caso del Batán es una clase magistral en cómo privatizar sin usar la palabra “privatización”. Aunque los recibos seguirán saliendo a nombre de la CEA, gran parte de la operación y la infraestructura será manejada por una empresa privada, que, sin ser banco, ganará dinero no por asumir riesgos reales, sino porque el Estado se los garantiza.

¿Autofinanciable? Solo si triplican el precio del agua

Uno de los argumentos más repetidos por las autoridades es que el proyecto será “autofinanciable”. Pero los propios documentos de la CEA revelan que para que eso ocurra, el precio del agua tendría que subir de 13.56 pesos a 45 pesos por metro cúbico, lo que representa un aumento de más del 300%. Oficialmente se ha prometido que no habrá incrementos en la tarifa, pero como advierte Rentería, “uno de los dos enunciados es falso”.

Y si bien se dice que el proyecto asegurará agua para las siguientes generaciones, la realidad es que casi el 70% del agua en Querétaro no se usa para consumo humano, sino agrícola. Y en vez de recuperar esa agua con una mejor administración, se opta por tratar aguas residuales para consumo domiciliario, una solución que incluso países como Singapur sólo utilizan en emergencias.

El elefante en la habitación: las fugas

Uno de los datos más impactantes revelados en esta conversación es que el 50% del agua en Querétaro se pierde por fugas. Es decir, antes de construir una megaobra de 11 mil millones, se podría recuperar el 50% del suministro actual tapando fugas, una medida más barata, más lógica y más inmediata.

“Es como si te llega un recibo de mil pesos y en vez de arreglar las fugas, traes más pipas”, ironiza Rentería.

¿Y la legalidad?

Aunque el esquema puede estar dentro de los marcos normativos, la legitimidad está en entredicho. La estructura parece diseñada para beneficiar a una empresa con mínima inversión y máximas garantías. Si los ingresos de la CEA no alcanzan, el fideicomiso se cobrará de las participaciones federales del Estado, lo cual puede comprometer recursos públicos destinados a salud, educación o seguridad.

Conclusión: ¿quién tiene la solución?

La solución, como bien subrayan ambos interlocutores, no está en el Ejecutivo, sino en el Congreso local. Son los 25 diputados quienes deben decidir si aprueban o no el esquema financiero. Si realmente no hay dinero, entonces que lo digan con claridad y reorienten partidas presupuestales, como les permite la Constitución. El impuesto sobre nómina, que fue creado precisamente para financiar proyectos hidráulicos, sigue vigente.

El Batán no sólo es un tema técnico, es una decisión política, ética y social. Y lo que está en juego no es sólo el agua, sino el futuro financiero de Querétaro. ¿Seguiremos pagando por decisiones opacas durante 30 años? ¿O aprenderemos a cerrar la llave antes de que el agua –y el dinero público– se nos escurra por las grietas?

Entrevista completa en: