QUE SON LAS DESAPARICIONES EN MÉXICO

“PRISMA POLÍTICO”

MTRO: FRANCISCO SÁNCHEZ RAMÍREZ

Las desapariciones forzadas es un grave problema institucional de violencia exacerbada y de impunidad alarmante que lastima a la sociedad en su conjunto, basta observar el dolor de las víctimas colaterales para que se genere un sentimiento de impotencia e incredulidad por la desgarradora realidad social en que vivimos hoy en día. Lo cual constituye desde luego una violación de las normas nacionales y de derecho internacional que garantizan a todo ser humano el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y desde luego, el derecho a la vida.

La preguntas que surgen son: ¿Cómo fue que llegamos a este momento en que cientos de fosas clandestinas contienen decenas de cuerpos? y por otro lado, ¿Cómo es que madres, padres, hijos, esposos y demás familiares de las víctimas transitan en un túnel sin salida llamado impunidad? El repunte más estrepitoso  es en el sexenio de Felipe Calderón el cual incorporó una política criminal de guerra contra el narcotráfico, atribuyendo a las fuerzas armadas un inapropiado papel en la seguridad pública, que irracionalmente aún se mantiene, propagándose las detenciones arbitrarias, la tortura y los abusos de poder.

Las cifras muestran que en México hay 100.000 personas registradas como desaparecidas y el Estado de Jalisco ocupa el lugar número uno con 12,947 personas desaparecidas, de las cuales 11,073 son hombres cuyas edades oscilan entre 25 y 29 años, y 1,874 son mujeres, entre las cuales el grupo más afectado es de menores de 15 a 19 años, según datos de la organización México Unido contra la Delincuencia.

Por su parte la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas define la desaparición forzada como “La privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

Sin embargo, se reconoce que las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal y que sumado a ello la delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos por lo que el problema en México se ve multiplicado.

Existen patrones de desapariciones, por ejemplo en los Estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán en donde la mayoría de casos son niñas y adolescentes de 10 a 19 años, ahí se alcanza un promedio de desaparición de mujeres de más del 60%, superando el promedio nacional que es del 25%. Se considera que en estos casos las desapariciones son un medio para ocultar la violencia sexual, el feminicidio, la trata y la explotación sexual.

Otro patrón que se observa es en el contexto migratorio, las masacres de San Fernando, Cadereyta, Güemez y Camargo son ejemplo de ello. Las comunidades indígenas también sufren las desapariciones, las cuales se dan por conflictos sociales territoriales, en el que se dan despojos por parte del crimen organizado o actores privados, desde luego con la complicidad de los servidores públicos.

También se da el caso de las desapariciones de personas LGBTIQ+ cometidas por fuerzas de seguridad, o por la delincuencia organizada con distintos niveles de consentimiento de las autoridades.

La realidad es que solo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, -entre el 2 % y el 6 %- han sido judicializados y solo se han emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional según la información proporcionada por el Estado al 26 de noviembre de 2021, frente a estos datos existen otros que nos dicen que hay más de 52,000 personas fallecidas sin identificar que se encuentran en fosas comunes y centros de resguardo forense, tan solo en los Estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León, se concentran el 71,73 % de los cuerpos no identificados.

Por todo ello, se requiere urgentemente de una política criminal de prevención y erradicación de desapariciones, el Comité pide al Estado Mexicano que aborde una política nacional, pues la diversidad e intensidad en que se llevan a cabo las desapariciones forzadas genera un gran impacto en toda la sociedad.

El Comité hace entre otras, las siguientes recomendaciones: A) Fortalecer a las fuerzas civiles del orden, por lo que el Estado Mexicano debe establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública. B) Incluir y fomentar en los programas de las universidades la enseñanza, investigación y divulgación de temas ligados a las desapariciones de personas desde las diversas disciplinas del conocimiento. C) Garantizar que todas las autoridades actúen en conformidad con los criterios establecidos por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de junio de 2021 que declara el carácter vinculante de las acciones urgentes requeridas por el Comité. D) Debe instaurar acciones que garanticen la implementación efectiva de los mecanismos internacionales de Derechos Humanos. E) Garantizar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos ejerzan sus funciones con total autonomía e independencia. F) Remover los obstáculos que limitan el acceso a la justicia y propiciar la judicialización de los casos planteando la hipótesis de la desaparición forzada. G) Prevenir y sancionar las acciones que criminalizan, intimidan, persiguen y estigmatizan a las personas desaparecidas, sus familiares o las personas que los acompañan, incluyendo campañas de sensibilización.

La tarea del Estado Mexicano es de visibilizar y no seguir ocultando las desapariciones forzadas, no podemos seguir negando una realidad por más tiempo; debemos considerar que existe desaparición forzada siempre que haya participación, complicidad, permisibilidad o consentimiento de la autoridad y la hay, cuando no se investiga. Es necesario impedir la forma sistemática en que hasta ahora se lleva a cabo y combatir la impunidad mediante un diálogo directo y constante de todos los actores sociales. El compromiso es de todos.

En México, el fenómeno de la desaparición de personas debe ser analizado desde una crisis de humanidad, de capacidades institucionales, de los deberes del Estado y de la normalización de la violencia con un alto costo social, pues, el ataque a la seguridad y protección agravia no solamente a la persona que fue desaparecida y a su familia, sino a toda la sociedad.

Es necesario conocer la dimensión del fenómeno criminal así como determinar el universo total de personas desaparecidas para combatir la cifra negra. La unificación de bases de datos requiere de metodologías sociales como voluntades institucionales que permitan transparentar más allá de cifras; quiénes son las personas buscadas para generar empatía social.

La verdad, la justicia son principios y derechos intrínsecos en la búsqueda de las personas desaparecidas, tarea que durante años han protagonizado las familias de personas desaparecidas, gracias a sus acciones se han localizado gran cantidad de fosas clandestinas, pese al riesgo de sus propias vidas como su impulso en un clima de inseguridad y de múltiples revictimizaciones. La responsabilidad es del estado y se requiere participación social.

“La muerte de un ser amado es cosa atroz, pero al fin y al cabo cerrada, concluida, sin vueltas hacia atrás ni hacia adelante. En cambio su desaparición es una puerta abierta hacia la eterna expectativa, hacia la no respuesta, la incertidumbre, lo fantasmagórico, y no hay cabeza ni corazón humanos que puedan sufrirla sin acercarse en mayor o menor medida al delirio”. 

«Demasiados héroes» (2009),

Laura Restrepo