“Querían Exhibir a una Diputada… y Terminaron Exhibiendo al Congreso”

La discusión en torno a las cuentas públicas de Tequisquiapan en la sesión itinerante de la LXI Legislatura dejó algo más profundo que un intercambio entre diputados: exhibió la batalla política que hoy se libra alrededor de la fiscalización, los conflictos de interés y el miedo a que ciertos expedientes finalmente salgan de los archivos para convertirse en responsabilidades públicas.

El debate comenzó cuando el diputado Antonio Zapata Guerrero exigió transparencia sobre las cuentas públicas de Tequisquiapan y cuestionó una observación realizada por la ESFE, insinuando posibles conflictos de interés. El planteamiento parecía legítimo: toda investigación relacionada con recursos públicos debe aclararse. El problema fue que el discurso no buscó transparentar todas las cuentas, sino concentrar la atención únicamente en una.

La respuesta de la diputada Claudia Gayou cambió el tono del debate. Recordó que la llamada Cuarta Transformación asegura tener un compromiso con la transparencia y sostuvo que no solamente debe revisarse esa observación específica, sino también todas aquellas que durante una década quedaron archivadas sin revisión efectiva en el Congreso. Ahí se tocó el verdadero nervio político del asunto.

Porque el tema dejó de ser Tequisquiapan y se convirtió en algo mucho más delicado: la posibilidad de abrir expedientes históricos que podrían involucrar a actores de distintos partidos y a legisladores actualmente en funciones. Gayou incluso señaló directamente que Zapata votó en contra de revisar esos diez años de observaciones pendientes y le recordó que todas las cuentas siguen bajo investigación.

La reacción posterior confirmó que el fondo del conflicto no era una observación específica de la ESFE, sino el temor a lo que podría aparecer si realmente se revisan las cuentas públicas congeladas durante años.

Zapata respondió retando a la diputada a revelar montos de contratos y justificó su negativa a revisar cuentas históricas bajo el argumento de que la fiscalización corresponde a organismos autónomos para evitar conflictos de interés entre legisladores. El argumento, sin embargo, se contradice con la propia dinámica política del Congreso: si el Legislativo no quiere involucrarse en la revisión política de observaciones, entonces la Comisión de Vigilancia pierde sentido.

Lo más extraño ocurrió después. Cuando la diputada Gayou intentó responder nuevamente, el presidente de la Mesa Directiva, Sinuhe Piedra Gil, le negó el uso de la voz alegando que había agotado sus intervenciones. El micrófono fue cerrado pese a los aplausos y a las exigencias del público para que continuara hablando.

La escena resultó particularmente contradictoria porque la memoria legislativa recuerda otros momentos donde sí se permitió prolongar debates similares. En el pasado, cuando Gerardo Ángeles presidía la Mesa Directiva, hubo flexibilidad para permitir réplicas extraordinarias, incluso al diputado Guillermo Vega. Esta vez, el criterio fue distinto y el cierre abrupto del debate terminó alimentando  sospechas.

Y ahí aparece la pregunta central: ¿por qué intentar convertir una investigación en sentencia anticipada?

La propia diputada Gayou se excusó de participar en el análisis de la cuenta pública donde podría existir conflicto de interés. Es decir, decidió no ser juez y parte. Además, la investigación de la ESFE no se limita a ella; existen alrededor de 19 investigaciones relacionadas con las cuentas públicas de 2023 y 2024. Entonces, ¿por qué enfocar toda la presión mediática y política sobre un solo caso?

La respuesta parece evidente. Porque mientras se discute una investigación en curso, se evita hablar de las otras cuentas que podrían abrir expedientes mucho más incómodos para distintos actores políticos.

Ahí entran casos como la cuenta pública 2018 de San Juan del Río, donde existen denuncias ante la Auditoría Superior de Fiscalización relacionadas con el diputado Guillermo Vega. O los expedientes que comienzan a surgir sobre otros legisladores, como el diputado Enrique Correa Sada, que también podrían exhibir omisiones y responsabilidades aún no esclarecidas.

El verdadero conflicto no parece ser una observación de la ESFE. El verdadero conflicto es que, por primera vez en mucho tiempo, alguien está intentando revisar lo que durante años permaneció intocable.

Por eso la disputa alrededor de la Comisión de Vigilancia de las Cuentas Públicas cobra tanta relevancia. Lo que está en juego no es solamente quién la preside, sino si continuará existiendo un espacio que exhiba omisiones de fiscalización y posibles conflictos de interés de legisladores de todos los partidos.

En términos estrictamente legales, el caso de la diputada Gayou sigue siendo eso: una investigación. Será la ESFE quien determine si hubo o no alguna irregularidad que deba sancionarse. Pero convertir una investigación en espectáculo político antes de que exista resolución no parece un ejercicio de transparencia, sino una estrategia de contención.

Porque si las revisiones avanzan y las cuentas históricas comienzan a abrirse, el daño político no se limitará a un solo municipio ni a una sola diputada. Alcanzará a figuras de distintos partidos justo cuando el calendario electoral empieza a acercarse peligrosamente al 2027.