Tráfico confirmado, contaminación ausente: la paradoja del mercurio en la Sierra Gorda

En 2015, la intoxicación de más de 120 personas por exposición a mercurio en la mina La Soledad, en Pinal de Amoles, encendió las alarmas en Querétaro. Diez años después, no se ha vuelto a registrar un brote de esa magnitud. Pero ¿significa esto que el riesgo ha desaparecido? La respuesta no es sencilla, y exige una mirada más profunda.

Hoy sabemos, gracias a reportes de organizaciones internacionales como la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) y al trabajo periodístico de Héctor de Mauleón, que la extracción ilegal y el tráfico de mercurio desde la Sierra Gorda no solo continúan, sino que se han sofisticado. Entre 2019 y 2025, según la EIA, más de 200 toneladas del metal salieron de esta zona rumbo a países como Perú, Colombia y Bolivia, donde se usa para separar oro en la minería artesanal.

No hay reportes recientes de intoxicación masiva en la región. Las autoridades sanitarias no han emitido alertas y no se ha detectado contaminación aguda en fuentes de agua. Sin embargo, la ausencia de síntomas clínicos visibles no equivale a la ausencia de problemas. El mercurio es una sustancia que puede permanecer en el ambiente por años, acumularse en suelos y cadenas alimenticias, y afectar a las personas de forma lenta, silenciosa y crónica.

A esta situación se suma otro elemento: el vacío institucional. En declaraciones recientes, el Secretario de Seguridad Pública del estado aseguró que tras realizar recorridos en varias minas de la Sierra Gorda “no se encontró situación alguna que generara preocupación”. La afirmación resulta desconcertante si se considera que, de acuerdo con medios y reportes ambientales, hay más de 200 minas clandestinas en operación y un control territorial del crimen organizado en zonas clave como Cristo Vive, La Peña o La Fe.

Negar esta realidad equivale a simplificar un fenómeno mucho más amplio. La extracción y tráfico de mercurio no es un delito común. Involucra salud pública, crimen organizado, impacto ambiental y hasta compromisos internacionales. México es parte del Convenio de Minamata, que exige reducir y eliminar la producción de mercurio antes de 2032. Mientras tanto, en la Sierra Gorda, el negocio sigue operando.

La transición hacia otras actividades económicas en la región ha sido lenta. Aunque existen proyectos de reconversión productiva impulsados por Semarnat, INECC y organismos de la ONU, no hay evidencia clara de su implementación real en comunidades afectadas. La persistencia de precios altos por el mercurio en el mercado ilegal —hasta 330 dólares por kilo— es un incentivo que aún no ha sido contrarrestado con opciones viables y sostenibles.

En este contexto, el verdadero reto para Querétaro no es solo detectar minas activas o frenar cargamentos ilegales. Es reconocer que el riesgo no se mide únicamente por la presencia de síntomas o el hallazgo de un cargamento, sino por la debilidad de los mecanismos de supervisión, la falta de monitoreo ambiental, y la negación sistemática de un problema que tiene múltiples capas.

No hay brote, pero sí hay señales. Y esas señales exigen una respuesta clara, no solo de seguridad, sino también de salud, medio ambiente y desarrollo comunitario.