La marcha violenta en contra de la violencia: una contradicción que México no puede normalizar

Lo ocurrido el 15 de noviembre quedará en la memoria colectiva, pero no por el llamado original de la protesta, sino por el resultado: una movilización que empezó con un mensaje simbólico —inspirado en un animé donde incluso un pirata puede luchar por la justicia social— terminó convertida en un episodio de violencia, oportunismo y manipulación mediática.

La Generación Z, nacida entre 1997 y 2012, fue presentada como la impulsora de la marcha. Sin embargo, las imágenes cuentan otra historia. Entre los asistentes había personas muy por encima de ese rango de edad, incluso adultos mayores, así como madres que llevaron a niñas y niños pequeños a un escenario abiertamente riesgoso. Las escenas de menores llorando por los efectos del gas pimienta son un síntoma alarmante: no sólo se expuso a la niñez, sino que se deslegitimó una manifestación que pudo haber sido histórica.

Porque sí: esta generación representa cerca de 40 millones de mexicanas y mexicanos, un tercio del país. Una marcha auténticamente encabezada por ellas y ellos habría puesto sobre la mesa la falta de representación política juvenil, la necesidad de nuevas agendas y la urgencia de escuchar voces frescas. Pero la protesta terminó reducida a un espectáculo propio de un coliseo romano, contaminado por quienes buscaban capitalizar el enojo y no construir soluciones.

No, estos grupos no representan a la juventud mexicana. Los cientos de jóvenes que he entrevistado en los últimos años son críticos, cultos, informados, disruptivos y propositivos. No se rebajan a protestas cuya única bandera es “estar en contra de un sistema”; los jóvenes de la Generación Z  llegan con soluciones, con diagnósticos, con ideas.

Pongamos entonces las cosas en su justa dimensión: lo que vimos no fue una marcha juvenil ni una protesta unificada contra la violencia. Fue una manifestación opositora contra un gobierno al que ciertos sectores le guardan rencor y enojo. Ese contexto explica mucho del espíritu que derivó en confrontación.

El reclamo por la inseguridad es válido, especialmente tras la tragedia de Uruapan, Michoacán. Pero también hay que reconocer cuando la coordinación entre gobiernos funciona. Querétaro es un ejemplo: tras el violento episodio de “Los Cantaritos”, la percepción de inseguridad en el estado pasó del lugar 57 al 19 en apenas un año. Esto demuestra que cuando los tres niveles de gobierno actúan de forma conjunta, los resultados pueden ser palpables. Si Michoacán logra replicar esa coordinación, el plan de paz tiene posibilidades reales de funcionar.

Lo que sí está comprobado —y la historia lo repite una y otra vez— es que la violencia nunca se resuelve con más violencia. Ni los manifestantes debieron intentar derribar vallas metálicas para provocar un choque con la policía, ni los elementos policiales debieron responder avanzando con fuerza desmedida, rompiendo protocolos de contención y convirtiendo la escena en una golpiza pública.

No hubo ganadores. Pero sí hubo un perdedor: México.

Porque lo que parecía importar no era construir un reclamo auténtico y transformador, sino dañar la imagen de un gobierno. Y cuando la protesta se transforma en un instrumento partidista, se diluye la causa y se fractura la legitimidad.

El país necesita manifestaciones que exijan, sí, pero que también propongan. Movilizaciones que abran conversaciones, no que las cierren con golpes.

Quienes empujaron a jóvenes —y peor aún, a niñas y niños— hacia un escenario de confrontación no buscaban justicia ni transformación. Buscaban espectáculo, buscaban viralidad, buscaban dañar, no construir. Y esa es la verdadera derrota del país: que haya actores capaces de utilizar la indignación social como combustible electoral, sin importarles las consecuencias humanas.

FOTOGRAFÍA: CUARTO OSCURO