¿Protección de la familia o ataque a la comunidad trans?

La decisión del gobernador Mauricio Kuri González de vetar la llamada Ley de Identidad de Género en Querétaro no solo abrió un debate jurídico; abrió también una discusión mucho más profunda sobre el papel que deben jugar los gobiernos frente a los derechos humanos y la diversidad.

Porque sí, constitucionalmente un gobernador puede devolver una ley aprobada por el Congreso local mediante observaciones. El veto existe como una herramienta de contrapeso institucional. Pero una cosa es ejercer una facultad legal y otra muy distinta es la narrativa utilizada para justificarla.

Y es ahí donde comienza el verdadero problema.

El argumento central del gobernador gira en torno a la supuesta protección de niñas, niños y familias. Sin embargo, quienes impulsaron la reforma, entre ellos Arturo Maximiliano García Pérez, han explicado públicamente que el procedimiento estaba dirigido exclusivamente a personas mayores de edad. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué construir un discurso sobre riesgos para menores cuando la propia ley no los contemplaba?

El debate deja de ser jurídico y comienza a convertirse en político, emocional e ideológico.

Más delicado aún resulta el señalamiento de que esta ley podría servir para que deudores alimentarios “desaparezcan” legalmente y evadan responsabilidades. Esa afirmación pierde fuerza cuando la propia iniciativa contemplaba mecanismos de trazabilidad jurídica para mantener historial, obligaciones y vínculos legales previos. En otras palabras: cambiar la identidad de género no eliminaba deudas, antecedentes ni responsabilidades paternas.

Si eso ya estaba contemplado en la ley, entonces la pregunta es inevitable: ¿se leyó realmente el contenido de la reforma o se construyó un discurso basado en temores sociales?

Porque cuando desde el poder se asocia la identidad trans con posibles abusos, evasión de obligaciones o destrucción familiar, el mensaje trasciende el desacuerdo legislativo. Se entra a un terreno mucho más peligroso: el de la estigmatización.

Y más estigmatizacion al señalar que viene de una izquierda radical, cuando está ley fue impulsada por de activistas de derechos humanos y está respaldada por la Suprema corte de justicia de la nación.

No se trata de afirmar automáticamente que existe un discurso de odio en términos penales. Eso sería una conclusión jurídica que corresponde a otras instancias. Pero sí es válido señalar que este tipo de narrativas pueden alimentar prejuicios contra una comunidad históricamente discriminada.

Y ahí está el fondo del asunto.

Una ley no destruye familias. Las destruyen la violencia, el abandono, la intolerancia y la falta de empatía. Reconocer legalmente la identidad de una persona adulta no obliga a ninguna familia a cambiar sus valores, pero sí permite que quienes históricamente han vivido invisibilizados puedan existir jurídicamente con dignidad.

El veto de Mauricio Kuri probablemente fortalecerá políticamente a ciertos sectores conservadores. Pero también deja una pregunta incómoda para Querétaro: ¿hasta qué punto el debate público sobre derechos humanos puede sostenerse sobre argumentos que apelan más al miedo que al contenido real de las leyes?

Gobernar no es amplificar temores sociales, es garantizar derechos para todos.