En Querétaro Veinte años buscando, mil desaparecidos y la indiferencia del gobierno
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- junio 26, 2026
Veinte años. Ese es el tiempo que Yadira González lleva buscando a su hermano Juan, desaparecido en Querétaro el 16 de junio de 2006. Dos décadas en las que el dolor no ha disminuido, pero tampoco la exigencia de justicia.
El periodista Rafael Piña la entrevistó y su historia no es un caso aislado. Es el reflejo de una crisis que las autoridades parecen empeñadas en minimizar.
Los responsables de las desapariciones tienen nombre: la delincuencia. Son los grupos criminales quienes arrebatan personas de sus familias y dejan una herida que nunca termina de cerrar. Pero la responsabilidad del Estado comienza en el momento mismo en que ocurre el delito. Buscar, investigar, localizar y castigar a los responsables no es un favor: es una obligación.
Sin embargo, el testimonio de Yadira retrata otra realidad. Una donde las familias deben levantar la voz una y otra vez para recordarles a las autoridades que siguen esperando respuestas.
Lo más preocupante es que ni siquiera existe una cifra oficial clara. Según denuncia el colectivo Desaparecidos Querétaro, las dependencias responsables no han informado cuántas personas permanecen desaparecidas en el estado. El Registro Nacional reporta cerca de 800 casos, pero, debido al rezago en la actualización de la información, los propios colectivos estiman que la cifra ya ronda los mil desaparecidos.
Si un gobierno ni siquiera puede decir con precisión cuántas personas faltan, ¿cómo puede convencer a la sociedad de que las está buscando?
La deuda institucional no termina ahí. Querétaro mantiene un retraso de años en la homologación de su legislación con la Ley General en materia de Desaparición Forzada y la Ley General de Víctimas, una situación que, de acuerdo con los colectivos, limita derechos y debilita los mecanismos de atención para las familias.
Y, como ocurre con demasiada frecuencia en la política mexicana, abundan más las promesas que los resultados.
Yadira recuerda cómo, tras los hechos ocurridos hace dos años, cuando familiares de personas desaparecidas denunciaron haber sido agredidos por elementos de la Fiscalía durante una manifestación, recibieron compromisos por parte del entonces diputado Guillermo Vega. Se habló de trabajar en las reformas pendientes, de avanzar «sin prisa, pero sin pausa». Hoy, esa frase parece resumir el problema: la pausa se volvió permanente.
De acuerdo con el testimonio de la activista, nunca volvieron a ser recibidos. Incluso reuniones en las que participarían organismos internacionales quedaron sin concretarse.
La política suele encontrar tiempo para las campañas, para las fotografías y para los discursos. Pero cuando las cámaras se apagan, muchas víctimas vuelven a enfrentar la misma puerta cerrada.
La pregunta resulta inevitable: ¿qué está ocurriendo en Querétaro?
¿Falta voluntad política? ¿Existe incapacidad institucional? ¿Son insuficientes los recursos? ¿O simplemente el tema de las desapariciones no ocupa un lugar prioritario en la agenda pública?
Cualquiera de esas respuestas sería alarmante.
Porque mientras las autoridades discuten procedimientos o postergan decisiones, hay madres, padres, hermanas y hermanos que cumplen años buscando a quienes un día salieron de casa y nunca regresaron.
Una sociedad no puede acostumbrarse a convivir con cerca de mil personas desaparecidas sin exigir respuestas. Mucho menos puede aceptar que sean los colectivos quienes hagan el trabajo de búsqueda mientras las instituciones avanzan a un ritmo desesperadamente lento.
Las familias no piden privilegios. Piden verdad. Piden justicia. Piden que el Estado cumpla con la responsabilidad que la ley y la dignidad humana le imponen.
Y esa exigencia, después de veinte años, sigue sin encontrar una respuesta suficiente.
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