“Criminalización de protesta juvenil: declaración de guerra a nuestro futuro”

Hay una idea cómoda —y peligrosa— que se repite cada vez que los jóvenes se manifiestan:

Que exageran,

Que son revoltosos,

Que alguien los manipula.

Es la forma más sencilla de no hacerse cargo. De no escuchar. De no responder.

Lo que ocurrió en la explanada de la Universidad Autónoma de Querétaro no fue un arrebato ni un espectáculo. Fue una interpelación directa a una institución y, por extensión, al Estado y a los medios. Jóvenes organizados recordando algo elemental: protestar no es un delito, es un derecho.

Durante años se ha pedido a las juventudes que participen, que se involucren, que no sean indiferentes. Pero cuando lo hacen —cuando se organizan, argumentan y exigen— la respuesta suele ser el estigma. Criminalización, silencio institucional o narrativas mediáticas que reducen la protesta a “confrontación política”. El mensaje es claro: participa, pero no incomodes.

Y sin embargo, incomodaron. No con violencia, sino con conciencia.

Las y los estudiantes no llegaron con consignas vacías. Llegaron con un pliego petitorio sustentado en el Estatuto universitario, con argumentos jurídicos, con memoria histórica y con una exigencia clara: que la universidad pública asuma su responsabilidad social y defienda a su comunidad. El silencio —lo dijeron con claridad— también comunica. Y cuando se guarda silencio frente a la vulneración de derechos, se normaliza la violencia.

Hay algo que resulta incómodo para ciertos poderes: estos jóvenes no responden a partidos, no buscan cargos, no piden privilegios. Piden garantías. Piden acompañamiento. Piden no ser estigmatizados por ejercer derechos que, en el discurso, todos dicen defender. Esa autonomía los vuelve difíciles de encasillar… y por eso mismo, incómodos.

La protesta fue pacífica. Ordenada. Solidaria. Se cuidaron entre ellos, dialogaron, documentaron. No hubo daños ni provocaciones. Lo que sí hubo fue algo más profundo: hartazgo. El cansancio de vivir en una lógica donde manifestarse implica miedo; donde salir a la calle puede tener consecuencias penales, mediáticas o personales.

Y ahí aparece la pregunta que debería alarmarnos a todos:
¿Quién protege a quienes deberían ser protegidos?

Cuando estudiantes de sociología, ciencias políticas o periodismo sienten temor de ejercer en el espacio público, no estamos ante un conflicto estudiantil. Estamos frente a una falla democrática. Porque una sociedad donde los jóvenes aprenden a callar para sobrevivir es una sociedad que se está acostumbrando al autoritarismo.

A la represión se suma otra violencia menos visible, pero igual de dañina: la mediática. Titulares sin contexto, etiquetas sin investigación, condenas sin escuchar. Se viola la presunción de inocencia y se reemplaza el periodismo por el prejuicio. Informar deja de ser un servicio público y se convierte en un instrumento de estigmatización.

Escuchar no es tomar partido. Escuchar es ejercer responsabilidad.

La apertura al diálogo por parte de la universidad es un primer paso, no una meta. Los propios estudiantes lo saben. Por eso insisten en seguimiento, transparencia y garantías de no repetición. No buscan una victoria simbólica; buscan que esto no vuelva a ocurrir.

Hoy fueron ellos. Mañana puede ser cualquiera.

Visibilizar a las juventudes no es romantizar la protesta. Es reconocer que cuando los jóvenes hablan con argumentos, lo mínimo que puede hacer la sociedad adulta es escuchar sin miedo.

Cuando su voz sea visible y respetada no aparecerá el caos, veremos la verdad que muchos no quieren ver

Pero que vale la pena mirarla, por nuestro futuro.