Poder sobre derechos

No es falta de tiempo. No es falta de acuerdos. Es una decisión política.

En Querétaro, el Partido Acción Nacional ha mantenido congelada la Ley de Identidad de Género no por ausencia de condiciones legislativas, sino por una lógica de poder: imponer una visión conservadora por encima de los derechos de una comunidad vulnerable. En los hechos, se trata de ejercer control político sobre la comunidad trans, negándole el reconocimiento jurídico de su identidad.

Ese es el punto de partida.

El sábado 28 de marzo dejó una imagen que lo resume todo. Mientras integrantes de la comunidad trans se manifestaban —por quinta ocasión— en el Centro Histórico para exigir la aprobación de la ley, el PAN reunía a más de cinco mil personas en un evento masivo para exhibir su fuerza en el estado.

Dos escenas que no solo contrastan: se contradicen.

Porque mientras una comunidad exige derechos básicos después de casi una década de espera, el grupo político que ha tenido la capacidad de resolverlo demuestra que sí tiene poder… pero decide no usarlo para garantizar derechos.

Desde 2017, la iniciativa ha sido postergada una y otra vez. Nueve años de dilaciones que no pueden explicarse por falta de consenso. Como lo señala Walter López, líder del Frente Queretano para la No Discriminación, el proceso legislativo ya había avanzado: hubo mesas de trabajo, participación de colectivas, academia y legisladores. Se construyeron acuerdos. Se fijó una fecha.

Y aun así, se incumplió.

Lo ocurrido en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, presidida por el diputado Guillermo Vega, no fue un error técnico. Fue una decisión política que rompe con el principio básico de representación: cumplir la palabra empeñada.

El mensaje es claro: los derechos pueden esperar.

Pero el contraste con el evento panista del mismo fin de semana revela algo más profundo. No se trata de incapacidad, sino de prioridades. Cuando se trata de demostrar músculo político, la movilización es inmediata. Cuando se trata de reconocer derechos a una comunidad históricamente discriminada, la respuesta es la postergación.

Ahí es donde la discusión deja de ser legislativa y se vuelve ética.

Porque negar el derecho a la identidad de género no es una postura neutral. Es una forma de exclusión que mantiene a personas en un estado de indefensión jurídica, limitando su acceso pleno a derechos básicos y perpetuando condiciones de discriminación.

La comunidad trans, lejos de optar por la confrontación, eligió el camino institucional. Dialogó, participó y confió. Hoy, esa confianza está fracturada.

Y mientras eso ocurre, el poder político se celebra a sí mismo.

Cinco mil personas reunidas no solo representan capacidad de convocatoria. También evidencian que el problema no es la falta de fuerza para gobernar, sino la decisión de a quién se le reconocen derechos y a quién se le niegan.

En Querétaro, esa decisión sigue siendo clara.

No es que no puedan.

Es que no quieren.